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caso Agronitrogenados

Conceden amparo a Gilda Lozoya contra vinculación por Agronitrogenados

La hermana de Emilio Lozoya enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Gilda Lozoya Austin enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.

Gilda Lozoya Austin enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.

EL SIGLO

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien promovió un amparo contra su vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso Agronitrogenados.

La resolución fue emitida el 8 de agosto por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, luego de que la defensa impugnara el auto de vinculación a proceso dictado el pasado 7 de julio dentro de la causa penal 211/2019.

La medida se suma a otro amparo promovido por Lozoya Austin contra la presunta difusión de fotografías, videos e información relacionada con su detención, ocurrida el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿De qué la acusa la FGR?

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Gilda Lozoya por presuntamente haber recibido alrededor de 3.5 millones de dólares en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, abierta en la Unión de Bancos Suizos.

Según la acusación, Emilio Lozoya habría cedido a su hermana la titularidad de la cuenta con el propósito de ocultar el origen de recursos provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

La FGR sostiene que Gilda Lozoya realizó diversas transferencias desde dicha cuenta y que parte de los recursos habría sido utilizada para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en aproximadamente 34 millones de pesos y posteriormente incautada por el Gobierno federal.

La suspensión definitiva concedida por el juez forma parte del proceso legal de la imputada y no representa, por sí misma, una resolución sobre su culpabilidad o inocencia.

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