En un mundo donde las reglas del juego están cambiando y hay tanta incertidumbre, lo que pueden hacer los gobiernos es tratar de controlar lo que sucede en su país. Es el espacio sobre el cual pueden incidir y del que son directamente responsables.
La economía mexicana está estancada. En 7 años ha crecido sólo 5.9 por ciento en total, 0.8 por ciento al año. Se requieren medidas concretas y de rápida implementación para estimularla.
Sería ideal expandir el mercado interno, pero hacerlo de forma sostenida es resultado del crecimiento económico, no la causa. Es fundamental invertir más en ciencia y tecnología y en una educación de calidad, pero eso cuesta más dinero del que tiene el gobierno y su impacto positivo sobre el crecimiento se ve en el mediano plazo. Las reformas fiscales donde se aumentan las tasas impositivas no generan crecimiento, menos cuando gasta tan mal el gobierno.
Pero hay cosas concretas que sí se pueden hacer. La primera, dar certidumbre al causante. Está en manos de Sheinbaum instruir al SAT para que la recaudación se dé dentro del marco jurídico vigente. Se requiere además de un árbitro confiable para cuando surjan interpretaciones distintas de las leyes impositivas. Para lograrlo debe haber una renovación de fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, despedir a los magistrados dependientes de Morena o de alguien más y nombrar nuevos de probada honorabilidad y competencias técnicas, independientes del poder político y del económico. Esto requiere cambiar la ley, pero se tienen los votos necesarios para ello. Con estos cambios, el inversionista ya no estará paralizado por el temor de la arbitrariedad de la autoridad fiscal.
Una mayor actividad económica lleva a una mayor recaudación. La estrategia de no crecer y exprimir al contribuyente cautivo no es sostenible, aunque queda un gran margen para recaudar mejor en las aduanas, auténticas coladeras.
La segunda que se puede hacer es tener un mecanismo ágil y controlado desde el Ejecutivo federal para apoyar a los empresarios extorsionados por gobiernos municipales. Bajo el pretexto de que una licencia tiene inconsistencias o cualquier otra excusa, en algunas localidades la autoridad amenaza con el cierre de instalaciones si no pagan una multa, en efectivo y sin recibo de por medio. Es extorsión desde el poder político. Ante el riesgo del cierre del negocio, muchos pagan.
La tercera, asegurar el abasto oportuno y con precio competitivo de energía eléctrica. Tenemos un gobierno sin dinero y con serias incapacidades operativas, pero obsesionado con tener una CFE hegemónica. El resultado es que muchas plantas industriales están sin operar por falta de electricidad y muchas otras no se construyen porque no hay garantía de suministro. Cuando sí se tiene, la electricidad es más cara que en Estados Unidos, ni qué decir respecto a China.
Finalmente, el gobierno debe emprender un ambicioso programa de mantenimiento y ampliación de la infraestructura del país. Sería ideal que el gobierno lo pudiera hacer por sí solo. Pero llevan siete años gastando mal, en trenes absurdos, un aeropuerto vacío y una refinería excedida de presupuesto y aún sin producir lo prometido. Hay financiamiento privado disponible para una amplia cartera de proyectos, pero el gobierno debe entender que los inversionistas arriesgan sus recursos sólo cuando hay reglas del juego claras y tasas de retorno competitivas respecto a proyectos similares en otros países.
Hay, además, muchas cosas que el gobierno no debe hacer, empezando por la reforma electoral. Estas cuatro acciones concretas elevarían la inversión privada y la competitividad del país.
En los países donde hay crecimiento económico, los gobiernos procuran este tipo de acciones. El nuestro tendrá que elegir entre una economía en crecimiento o seguir sus principios ideológicos y sus ansias de control político.
ÁTICO