Quien gana una elección promete gobernar para todos. Es más fácil hacerlo y más probable tener un crecimiento económico sostenido cuando el ciudadano confía en el gobierno que cuando el poder se impone arbitrariamente desde su mayoría, y peor todavía cuando la mayoría constitucional está basada en todo tipo de trampas.
Sin embargo, para cohesionar a la base, lo fácil es polarizar. Por ello, a la menor oportunidad, Sheinbaum ataca a sus adversarios.
Si los inversionistas forman parte de la coalición política de un gobierno polarizador, seguirán haciéndolo. Incluso con más fuerza. Esto sucede ahora en Estados Unidos.
Si la coalición en el poder excluye a la mayoría de los inversionistas, la ecuación es distinta. La aprobación más alta del gobierno se da entre los beneficiarios de las transferencias sociales. Reconociendo que existe cierta justificación para ellas, el sector que más las aprecia no invierte gran cosa. Cabe recordar que el 55 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad, y el 41 por ciento de quienes tienen edad de trabajar no participa en el mercado laboral.
Para sostener las transferencias se necesita una economía que crezca y para ello es indispensable la confianza de quienes invierten, pero hoy no son parte importante de la coalición gobernante. Sheinbaum cree que basta mandar señales positivas en sus reuniones con los empresarios para estimular la inversión. Algunos le creen, pero en los datos agregados no ha funcionado.
Hay muchas razones por las cuales la inversión ha caído: jueces, magistrados y ministros con pobre conocimiento jurídico y cercanos al poder político; la incertidumbre en torno al T-MEC; la creciente violencia criminal que extorsiona, incluso casa por casa en algunas zonas de Guerrero y de Morelos; el riesgo de la pérdida del grado de inversión; el deterioro de la infraestructura para mover personas y mercancías; la fijación "voluntaria" de precios, como en el caso de los combustibles, donde amenazan con clausura de estaciones de servicio a quienes no aceptan los precios "sugeridos". Y desde luego, la corrupción creciente: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, 84 por ciento de la población considera frecuentes los actos de corrupción, y el costo de la corrupción en trámites y servicios públicos creció casi 50 por ciento respecto a 2023.
El problema de fondo es la certeza de que el gobierno puede en cualquier momento cambiar las reglas del juego. Ya nos acostumbramos, pero no es normal que la Constitución se cambie con más facilidad que un reglamento. Incluso esta Presidenta preocupada por la inversión puede, sin mayor discusión pública, apoyar la reforma constitucional presentada por Ricardo Monreal que permite anular las elecciones por presunta injerencia extranjera. Quienes hoy le creen a Sheinbaum no saben quién de su coalición ocupará su puesto en el 2030.
La reforma no debería entrar en vigor en el 2027, sino hasta el 2030. Falta la ley reglamentaria donde se precisarán las causales de nulidad. Pero igual la tratan de imponer desde el 2027. Así, a cualquier candidato opositor podrían anularle su triunfo porque un extranjero a quien ni conoce lo apoyó de alguna forma considerada como intervencionista. Esto con un tribunal electoral leal a Morena.
Con esta reforma, la coalición en el poder ratifica la incertidumbre de las reglas y elimina los mecanismos institucionales de autocorrección propios de una democracia, es decir, que una mala gestión lleva a perder el poder. Con esta reforma, Morena ratifica que no saldrá voluntariamente del gobierno por más mal que gobierne.
Ahora sí hay que voltear a ver a Venezuela. En ese país el PIB cayó 75 por ciento en un periodo de siete años y Maduro siguió "ganando" elecciones. ¿Quién querría invertir en un país que de ir rumbo al colapso no hay cómo despedir al piloto?
ÁTICO
El problema de fondo en la baja inversión es la certeza de que el gobierno puede en cualquier momento cambiar las reglas.