Congelamiento de cuentas: ¿Justicia financiera o retroceso a la inquisición?
Los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia ha generado gran preocupación en el sector empresarial. Para el abogado fiscalista Víctor Frías, lo que hoy enfrentan los ciudadanos mexicanos es un escenario que recuerda más a la persecución de la Santa Inquisición que a un sistema moderno de justicia.
“Estamos en el ojo del huracán, todos los ciudadanos mexicanos”, advierte. Recordó que el origen de este modelo se remonta a 2004, cuando la UIF fue creada durante el sexenio de Vicente Fox con el objetivo de perseguir delitos de cuello blanco y lavado de dinero. Con el tiempo, sus facultades se ampliaron para incluir la investigación de financiamiento al terrorismo.
El problema, señala el abogado, es que los congelamientos de cuentas se aplican sin que exista un juicio previo ni oportunidad de defensa.
“Te juzgan sin haberte oído y vencido en juicio”, explica. En 2022, un criterio de la Suprema Corte había declarado ilegales estos congelamientos por violar el derecho a la defensa, pero recientemente se modificó la postura bajo el argumento de la soberanía y los compromisos internacionales contra el lavado de dinero.
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Esta acción puede traducirse en complicaciones severas para las personas afectadas, ya que recuperar el acceso a sus recursos suele ser un proceso tardado.Frías advierte que este cambio abre la puerta a abusos políticos y financieros.
“Es un caldero perfecto para juzgar a cualquier persona. Si alguien deposita 100 mil o 500 mil pesos en tu cuenta, eso puede ser interpretado como un indicio de actividad ilícita y provocar el congelamiento inmediato de tus recursos”, señala.
El riesgo, según el especialista, es que la población opte por regresar al uso masivo de efectivo, debilitando al sistema bancario y complicando la labor del Banco de México.
“El gobierno está retrocediendo. Vamos hacia un escenario donde la gente preferirá manejar puro efectivo”, advierte.
El trasfondo, añade, es que las reformas al amparo realizadas hace dos años ya habían limitado la posibilidad de obtener suspensiones provisionales para liberar cuentas, lo que deja a los ciudadanos prácticamente indefensos ante un congelamiento.
Mientras las autoridades defienden la necesidad de cumplir con tratados internacionales y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, especialistas alertan que el costo puede ser demasiado alto para la ciudadanía común, ya que la confianza en las instituciones financieras y judiciales es frágil, por lo que el congelamiento de cuentas sin juicio previo podría significar una línea muy delgada entre justicia y persecución.
