Congreso de Coahuila impulsa agenda legislativa con énfasis en seguridad y regulación de anexos
El Congreso del Estado de Coahuila arrancó formalmente su agenda legislativa con un enfoque prioritario en materia de seguridad, alineada a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez, informó la diputada local Guadalupe Oyervides Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La legisladora destacó que recientemente se aprobó un presupuesto mayor destinado a fortalecer la seguridad pública, así como un paquete de reformas legales que buscan atender delitos de alto impacto y problemáticas sociales que por años carecieron de regulación adecuada.
Oyervides Valdés explicó que una de las acciones más relevantes fue la aprobación de la Ley contra la Extorsión, homologada con la legislación federal, convirtiendo a Coahuila en el primer estado del país en adoptar este marco legal.
Señaló que la extorsión es uno de los delitos con mayor incidencia a nivel nacional, ubicándose en el tercer lugar, aunque históricamente ha sido poco visible y con vacíos legales que dificultaban su persecución.
Con esta reforma, dijo, se crea una unidad especializada, se le asigna presupuesto específico y se establece un operativo legal que permite a cualquier ciudadano presentar denuncias claras y efectivas.
“La ley viene a ser un parteaguas, porque ahora hay facultades y elementos claros para investigar y sancionar este delito”, afirmó la diputada.
Añadió que esta legislación busca brindar certeza jurídica a las víctimas, eliminando tecnicismos y lagunas legales que anteriormente impedían la correcta tipificación del delito.
Regulan anexos y centros de rehabilitación
La diputada informó que otra de las reformas relevantes es la Ley de Regulación de Anexos, ya aprobada y promulgada, con la cual se inicia este año un proceso formal de ordenamiento de centros de rehabilitación y atención a personas con adicciones.
Explicó que la ley establece requisitos obligatorios para estos espacios, incluyendo la capacitación del personal, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la vinculación directa con la Fiscalía General del Estado.
Indicó que todos los centros deberán registrar a las personas que se encuentren internadas, lo que permitirá un mayor control institucional y evitará prácticas de maltrato o castigos indebidos.
Oyervides Valdés señaló que esta reforma surge tras múltiples denuncias de madres y familiares, así como de quejas vecinales por la operación irregular de anexos que funcionaban como casas particulares.
Reconoció que muchos de estos centros iniciaron con buena voluntad, pero enfatizó que hoy se requiere orden, legalidad y consecuencias para quienes incumplan.
“Las familias hacen un gran esfuerzo económico, por lo que también se debe garantizar un trato digno y profesional”, subrayó.
De acuerdo con el diagnóstico previo a la ley, alrededor del 70 por ciento de los centros no se encuentran regularizados, mientras que solo 39 estaban debidamente registrados al momento del análisis.
La legisladora aclaró que el número total de anexos en el estado aún no se tiene identificado, ya que la ley acaba de entrar en vigor y será la Secretaría de Salud la encargada de realizar el mapeo correspondiente.
Advirtió que quienes no cumplan con el registro y las disposiciones legales podrían enfrentar sanciones administrativas, multas e incluso penas de cárcel.
Finalmente, Oyervides Valdés afirmó que el objetivo central es garantizar un trato digno a las personas internadas, fortalecer la seguridad y brindar certeza jurídica a las familias y a la comunidad, consolidando así una agenda legislativa enfocada en el bienestar social y la seguridad pública.
