Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrentará un juicio político luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara iniciar un procedimiento en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y posible peculado.
La decisión fue avalada este viernes con el respaldo de diputados del PAN, PRI y Morena, quienes consideraron que existen elementos suficientes para dar trámite a una investigación relacionada con una supuesta triangulación de recursos públicos que habría involucrado a empresas privadas y despachos vinculados con familiares del mandatario emecista.
Como parte del procedimiento, Samuel García fue citado a comparecer el próximo 23 de junio a las 16:00 horas ante el Congreso de Nuevo León, donde podrá presentar personalmente su defensa, enviar una respuesta por escrito o designar a un representante legal para exponer sus argumentos.
Asimismo, la comisión se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al caso conforme a la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.
El mandatario contará con un plazo de 15 días hábiles para ejercer plenamente su derecho de defensa dentro del procedimiento.
La apertura del juicio político ocurre en un momento especialmente sensible para el gobierno estatal, ya que Monterrey se encuentra en el centro de la atención internacional por ser una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una postura oficial detallada sobre el inicio formal del juicio político en su contra.
Acusan presunta triangulación de recursos públicos
La denuncia fue promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien además presentó una acusación ante la Fiscalía General de la República por los mismos hechos.
De acuerdo con información de El Financiero, el supuesto esquema habría comenzado con pagos realizados por dependencias y organismos del Gobierno de Nuevo León a diversas empresas proveedoras. Posteriormente, los recursos habrían transitado por una red de compañías privadas hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde presuntamente participa el padre del gobernador.
La denuncia sostiene que, una vez concentrados los recursos, estos habrían sido dispersados hacia otras compañías, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, desde donde presuntamente se enviaron fondos al extranjero, incluyendo Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo financiero.
Morena asegura que el esquema pudo haber involucrado recursos por hasta mil millones de pesos, mientras que otros señalamientos apuntan a operaciones que habrían alcanzado cerca de tres mil millones de pesos.
