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Congreso desafuera a alcalde acusado del asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Diputados retiran inmunidad a Raúl González Martínez para que pueda enfrentar los señalamientos en su contra

Congreso desafuera a alcalde acusado del asesinato de la periodista Roxana Guzmán

Congreso desafuera a alcalde acusado del asesinato de la periodista Roxana Guzmán

EL UNIVERSAL | EL SIGLO

El pleno del Congreso de Veracruz, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó la noche de este miércoles retirar el fuero constitucional al alcalde del municipio de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), acusado del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste.

Con 40 votos a favor y ocho en contra, el pleno alcanzó la mayoría calificada para dar luz verde al desafuero que solicitó en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que pueda enfrentar las acusaciones legales en su contra.

La decisión de los diputados no implica emitir una culpabilidad en contra de Raúl González Martínez, sino sólo retirarle la inmunidad procesal para que enfrente las acusaciones penales y judiciales.

Martínez González no acudió a la sesión del Congreso realizada a puerta cerrada, pero sí se presentó su representante legal, Izaskun Moreno Navarro (también nombrada en medios como Izaskum Moreno), quien declaró ante los medios de comunicación que su cliente está en calidad de investigado y que no se ha judicializado el caso.

Los diputados también aprueban el desafuero del alcalde Bertín Bravo

En la misma sesión, el Congreso de Veracruz también aprobó retirar la inmunidad procesal al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, de Movimiento Ciudadano, acusado del presunto delito de desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos y de su chofer, Ignacio López, en mayo pasado.

Bertín Bravo sí se presentó a la sesión y aseguró a medios locales que dará la cara pues dijo ser inocente de las acusaciones que le imputan las autoridades ministeriales.

Según la carpeta de investigación, el munícipe habría citado en su domicilio al empresario, a quien —según testigos— le presentó a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvió a ser visto, lo mismo que su chofer.

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El caso de González Martínez representa la mayor carga legal

La Fiscalía de Veracruz sostiene que el alcalde ordenó el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán para evitar la difusión de una fotografía que presuntamente comprometía su futuro político.

Las investigaciones señalan que policías municipales presuntamente actuaron en coordinación con integrantes del grupo criminal Grupo Sombra para privar de la libertad a la periodista.

Posteriormente, Guzmán Ramírez habría sido interrogada, golpeada y asesinada.

Según la carpeta de investigación, los responsables incineraron el cuerpo de la comunicadora y lo sepultaron en una fosa clandestina, la cual fue localizada aproximadamente un mes después por las autoridades.

Por estos hechos, ocho personas, entre ellas policías municipales y presuntos integrantes de Grupo Sombra, ya enfrentan procesos penales por su presunta participación en el crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar todas las responsabilidades y esclarecer por completo el asesinato de la periodista, un caso que ha generado amplia atención pública por las acusaciones contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste.

Coordinador nacional pide protección para alcaldes veracruzanos

Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir medidas de protección para ambos alcaldes veracruzanos.

El líder de MC afirmó que no aceptarán intromisiones arbitrarias ni la judicialización selectiva contra los gobiernos del partido naranja, en este caso contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.

Además, Álvarez Máynez demandó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes actuar con autonomía, neutralidad y estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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