Congreso ignora fallos de la Suprema Corte y retrasa cambios en leyes clave

Desde hace más de tres años, el Congreso de la Unión mantiene en pausa el cumplimiento de al menos tres sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a que fueron emitidas como amparos obligatorios y con efectos inmediatos. Ayer, el Pleno de la Corte tenía programado discutir un nuevo proyecto para reiterar una orden que el Poder Legislativo debió acatar desde 2021.

Los fallos pendientes están relacionados con temas de alto impacto público: la regulación de la comunicación social del Gobierno, la despenalización del aborto a nivel federal y el fomento a la industria cinematográfica. Las sentencias fueron dictadas por ministros que concluyeron su encargo en agosto pasado, pero su ejecución no depende directamente de la Corte, sino de los jueces que conocieron originalmente los juicios de amparo.

Frente a decenas de requerimientos judiciales, el Congreso ha respondido con el mismo argumento: no existen iniciativas en trámite o, si las hay, no han sido dictaminadas. A ello suma una interpretación que le permite estirar los plazos, al sostener que no existe un límite fatal para cumplir, pese a que la ley obliga a las autoridades a ejecutar las sentencias de amparo en un plazo máximo de 24 horas.

Uno de los casos más antiguos se remonta a septiembre de 2021, cuando la Primera Sala concedió un amparo a la organización Artículo 19. En esa resolución, ordenó modificar la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018, al considerar que permite el uso discrecional del gasto público en publicidad oficial, lo que afecta la libertad de expresión al castigar o premiar medios de comunicación. El mandato debía cumplirse ese mismo año.

Sin embargo, el 11 de noviembre pasado, tras once requerimientos judiciales, la Cámara de Diputados informó que no existe ninguna iniciativa relacionada con la modificación de la ley. Ayer mismo, la Corte retiró de último momento una acción de inconstitucionalidad contra la LGCS, pendiente desde 2018, cuyo proyecto planteaba retomar el criterio de la Primera Sala, pero otorgando ahora al Congreso los dos periodos ordinarios de sesiones de 2026 para hacer los cambios.

Plazos elásticos

La misma estrategia se ha repetido en el tema del aborto. En septiembre de 2023, la Primera Sala ordenó derogar los artículos del Código Penal Federal que criminalizan la interrupción del embarazo, vigentes desde 1931. Más de dos años después, el pasado 5 de enero, la Cámara de Diputados notificó a una jueza que considera tener plazo hasta el 31 de agosto de 2027 —es decir, hasta el final de la actual legislatura— para emitir un dictamen.

La respuesta fue aceptada sin mayor objeción por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Paloma González, quien únicamente solicitó a los legisladores informar de manera bimestral los avances del proceso legislativo dentro de los primeros cinco días de cada mes correspondiente.

Un tercer caso, relacionado con la industria cinematográfica, ha escalado un nivel más en el conflicto institucional. En agosto de 2023, la Segunda Sala ordenó restituir en la Ley Federal de Cinematografía el derecho al fomento y promoción permanentes del cine nacional, eliminado en 2020 con la desaparición del fideicomiso Fidecine.

Aquí, el juez del caso denunció formalmente el incumplimiento del amparo. Un tribunal colegiado determinó que existe un desacato inexcusable y, el pasado 8 de enero, la SCJN abrió un incidente de inejecución de sentencia. La Corte requirió a ambas Cámaras del Congreso que, en un plazo de 10 días hábiles, informen cómo cumplirán una obligación que debió concretarse desde 2023.

Mientras tanto, las sentencias siguen acumulándose y el Congreso continúa administrando el tiempo como su principal herramienta de defensa.