Congreso secuestrado: PT lanza dardo contra el PRI y el INE lo avala
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares relacionadas con el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila. Los asuntos abordados se vinculan, por un lado, con la imparcialidad en la integración de los órganos electorales y, por otro, con la difusión de mensajes en radio y televisión durante la etapa de precampaña.
El primer caso se originó a partir de la revisión oficiosa ordenada por el Consejo General del INE sobre el proceso de reclutamiento y contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). En este contexto, tres personas que se encontraban en la lista de reserva para desempeñarse como CAE fueron identificadas como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque las ciudadanas presentaron oficios de desconocimiento de su afiliación, el partido exhibió formatos de registro que acreditaban su militancia.
Tras un análisis preliminar, la Comisión de Quejas concluyó que la afiliación se realizó de manera voluntaria, lo que podría comprometer los principios de independencia e imparcialidad en la función electoral. Por unanimidad de votos, se ordenó impedir la contratación de las aspirantes y, en caso de que ya hubieran sido contratadas, rescindir sus contratos.
El segundo asunto se derivó de una denuncia presentada por el PRI contra el Partido del Trabajo (PT) y su dirigente estatal en Coahuila, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja. El señalamiento se centró en promocionales de radio y televisión pautados durante la precampaña, en los que se afirmaba que el Congreso del Estado estaba “secuestrado por el PRI”. El tricolor solicitó el retiro de dichos materiales al considerarlos calumniosos.
Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió, también por unanimidad, que la expresión no constituye calumnia en perjuicio del PRI. A juicio del órgano electoral, se trata de una manifestación crítica dentro del debate político, protegida por la libertad de expresión, y no implica de manera directa la imputación de un delito basado en hechos falsos.
Con estas resoluciones, el INE busca reafirmar su papel como árbitro en la contienda electoral, al garantizar tanto la imparcialidad en la integración de los órganos electorales como el respeto a la libertad de expresión en el marco de la competencia política.
