Alejandro Jiménez Algara.
En el sector de la construcción no se han presentado en los últimos meses casos de extorsión relacionados con el traslado de combustibles hacia las obras en la región. Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que este freno a las prácticas indebidas es resultado de la coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.
“Hemos estado en contacto con las autoridades correspondientes. Ahorita no hemos tenido ningún caso, ninguna queja de extorsiones. Estamos a la expectativa, pero la respuesta del gobierno del estado, de la Fiscalía y del Mando Especial ha sido muy buena”, señaló. El dirigente explicó que existe un grupo de comunicación directa con empresarios y autoridades, donde cualquier intento de presión indebida se reporta de inmediato.
Recordó que el problema había sido recurrente en años anteriores debido a la falta de regulación clara para el transporte de combustibles en volúmenes menores. Mientras la ley contempla permisos para cargas superiores a 75 mil litros, las constructoras suelen trasladar cantidades mucho menores destinadas únicamente al autoconsumo en obras, especialmente en zonas alejadas de estaciones de servicio. Esa laguna normativa abrió espacio para presiones indebidas y presuntos actos de extorsión.
A principios de este año se registró un intento de extorsión por un millón de pesos contra una empresa que trasladaba apenas unos cientos de litros de diésel. El chofer fue detenido e incomunicado, mientras el vehículo era retenido sin ingresar formalmente al corralón. El caso se resolvió gracias a la intervención de autoridades estatales. En 2025 también se reportó otro intento de cobro indebido por 300 mil pesos. Las extorsiones, según la CMIC, han oscilado entre los 2 mil pesos y cifras millonarias.
Ante estos antecedentes, la cámara empresarial hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades federales y legisladores para establecer un esquema de permisos accesibles y viables para pequeñas y medianas empresas. La meta fue garantizar revisiones con apego estricto a la legalidad y sin margen para abusos.
