'Seguridad en línea' para niños, estrategias para retroceso de derechos civiles: Periodista

A inicios de marzo, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de regular el acceso a redes sociales a menores de 15 años. 

La diputada que presentó el dictamen, Claudia Caballero, planteó que las plataformas han facilitado la comunicación, el acceso a la información, aprendizaje y participación; sin embargo incrementan riesgos que pueden traducirse en afectaciones directas a la integridad, privacidad, seguridad y desarrollo integral. 

Estableciéndose el control parental, sin costo alguno, para supervisar el uso que hagan de las redes sociales los menores de edad. 

Esta semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró que México esté considerando limitar el acceso a niños y adolescentes a las redes sociales para “proteger” su salud mental, como han hecho otros países, entre ellos Australia. 

Sin embargo, el medio estadounidense The Intercept alertó que la narrativa de “seguridad en línea”, en particular a los niños, se ha vuelto en un esfuerzo para censurar y desanonimizar el internet para todas las personas. 

En Estados Unidos, según la periodista Taylor Lorenz, se han presentado unas 12 iniciativas para “proteger a los niños que usan internet”, enmarcadas como una forma de combatir el contenido dañino y hacerlo un lugar más seguro, pero obligaría a las redes sociales a imponer medidas de verificación de identidad invasivas, debido al problema que existe de no poder confirmar la edad de una persona sin saber su identidad. 

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Funcionario gubernamental aseguró que será únicamente en el caso de la comisión de un delito que las autoridades podrán solicitar a las empresas información adicional

Como podría ser un documento de identidad, como un pasaporte, una tarjeta de crédito u otros mecanismos para entregar información. 

Lorenz alertó que retirar el anonimato que existe en el internet constituiría un de los retrocesos más grandes en materia de derechos civiles en la historia reciente, al permitir una vigilancia masiva y censura sin precedentes, poniendo en riesgo a los sectores más marginados de la sociedad, desde activistas a personas que denuncien la corrupción o malas acciones al interior del gobierno o de las empresas. 

En Estados Unidos, los migrantes, personas que buscan abortar y la comunidad trans enfrentan persecución del gobierno del presidente Donald Trump, por lo que perder la protección del anonimato en internet los dejaría más vulnerables. 

En su artículo,  Lorenz advirtió que estos llamados a “proteger a los niños” han recibido el apoyo de dueños de redes sociales como Elon Musk y Mark Zuckerberg, a fin de que se verifique la identidad de cada usuario de teléfono móvil. 

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Experto de la Red en Defensa de los Derechos Digitales ofreció una valoración del registro telefónico aprobado por el gobierno de Claudia Sheinbaum

Expertos entrevistados plantearon que en EU han sido los jóvenes quienes se han organizado para protestar contra el genocidio en Gaza o las redadas contra migrantes, por lo que estas leyes limitarían su libertad de expresión y capacidad de organizarse. 

En otros países como Rusia, Arabia Saudí y China la vigilancia en línea ha sido utilizada para reprimir protestas contra el gobierno y hasta llevar a prisión a activistas, con decenas de países, entre ellos Francia, buscando replicar el modelo de vigilancia. 

En México, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lleva años advirtiendo de las reformas para aumentar la vigilancia en línea, especialmente en las últimas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum como fueron una al Código Fiscal de la Federación que contempla la facultad de solicitar a plataformas digitales el “acceso permanente, irrestricto y en tiempo real” a toda la información relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen.

Otra fue el registro obligatorio de líneas telefónicas que arrancó a principios de enero pasado y fue duramente criticado al contemplar la vinculación de la línea telefónica de la persona usuaria a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

En febrero, comunidades indígenas advirtieron que el registro de líneas telefónicas era visto como una vulnerabilidad al poner en riesgo su trabajo en defensa del territorio, el medio ambiente y los megaproyectos extractivistas en México. 

En septiembre pasado, la organización Global Witness alertó que al menos 18 activistas ambientales fueron asesinados en México en 2024.