Costo de la reforma judicial
No es sólo una preocupación de los mexicanos. El subsecretario de estado adjunto del hemisferio occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, declaró en una audiencia del subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes el 16 de abril la preocupación del gobierno estadounidense por los jueces mexicanos.
“Lo que decimos, y es algo que hemos venido haciendo en conjunto con la comunidad de inversionistas de Estados Unidos en México, es que se necesitan jueces calificados, que sean independientes, que no estén en el bolsillo de los cárteles, ni de China, ni de nadie más… Es un tema que nos preocupa. Lo hemos dejado muy claro… Creo que la principal presión que se debe presentar a México, si ellos quieren atraer inversiones, es que deben tomar medidas, incluso dentro del marco que han adoptado, para generar confianza en su sistema judicial… Que no se utilice indebidamente contra los inversionistas”.
La reforma judicial de 2024, que se ha traducido en la elección de jueces por voto popular, ha causado preocupación dentro y fuera del país. La principal inquietud la tienen los inversionistas, que han perdido confianza en la imparcialidad de los jueces. El fallo de la Suprema Corte del 6 de abril, que revirtió un precedente y permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin orden de un juez, y sin presentar pruebas, es un ejemplo de lo mucho que se ha deteriorado el sistema mexicano de justicia. Los nuevos ministros de la Corte, elegidos por un voto popular influido por listas o acordeones del gobierno y su partido político, han dejado a los gobernados en una indefensión total ante la UIF.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que México es hoy “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”, porque los jueces son electos por voto popular, el World Justice Project coloca a México en el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho. Lo peor es que la calidad de la justicia en el país ha venido cayendo desde 2015. “La expansión de las tendencias autoritarias es la principal fuerza detrás de la recesión del estado de derecho, con fuertes caídas en los factores que miden los límites al poder gubernamental, gobierno abierto y derechos fundamentales”. Las peores calificaciones las registra México en derecho civil, donde somos el país 134, y en justicia penal, donde estamos en 135.
No extraña que las empresas internacionales ofrezcan cada vez más quejas sobre el estado de derecho en México. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, que incluye a más de 300 empresas multinacionales, ha cuestionado una serie de prácticas irregulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT). En marzo presentó al secretario de hacienda, Édgar Amador, una carta en la que cuestionaba una serie de medidas que afectaban a las empresas. “El efecto de estas medidas es agravado por las prácticas de control irregulares llevadas a cabo por el SAT, lo que crea un régimen fiscal que impone cargas crecientes y sin precedentes a muchas empresas multinacionales de Estados Unidos que desincentivan la inversión y la creación de empleo”.
México ha estado viviendo una crisis de crecimiento. En el sexenio de López Obrador la economía creció en promedio solo 0.9 por ciento al año. En 2025, el primer año de Sheinbaum, la cifra bajó a 0.8 por ciento. Son cifras decepcionantes, que no permitirán construir una mayor prosperidad. La falta de inversión, y la falta de un estado de derecho, son dos de los principales factores.
