El diputado Gerardo Aguado pidió atender las demandas de los trabajadores y garantizar el servicio en los módulos de atención ciudadana.
El conflicto laboral en el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene consecuencias para los ciudadanos, con módulos de atención cerrados y trámites de credencial para votar suspendidos, situación que preocupa ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, advirtió el diputado local Gerardo Aguado Gómez.
En ese sentido, subrayó que las inconformidades de los trabajadores por salarios insuficientes, jornadas excesivas y condiciones laborales inadecuadas no pueden minimizarse, pues se trata del personal que atiende directamente a la población y garantiza servicios fundamentales para la identificación de los ciudadanos.
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Advirtió que a pesar de que el INE planteó un incremento salarial del 6 por ciento para una parte del personal operativo a partir de enero de 2027, es necesario establecer una negociación formal con los trabajadores y alcanzar compromisos concretos para resolver sus demandas.
También cuestionó el manejo y la distribución del presupuesto del organismo electoral, al señalar que existen señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y adquisiciones que deben investigarse con transparencia y respeto al debido proceso.
Consideró necesario revisar las prioridades del gasto institucional y determinar cómo pueden destinarse mayores recursos a mejorar las condiciones del personal operativo, particularmente en medio de la discusión presupuestal para 2027 y los ajustes planteados al organismo.
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Puntualizó que el problema trasciende a un conflicto salarial, pues la falta de estabilidad laboral y operativa puede afectar la capacidad del INE para cumplir con sus responsabilidades durante la organización de las próximas elecciones, en las que se renovará la Cámara de Diputados.
Ante este panorama, planteó atender de inmediato las demandas de los trabajadores, transparentar el ejercicio del presupuesto, garantizar la reapertura de los módulos y reprogramar las citas de los ciudadanos afectados.
No obstante, precisó que exigir cuentas al organismo no significa debilitar su autonomía, sino garantizar que funcione con transparencia, estabilidad y capacidad de respuesta, especialmente cuando está en juego la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
