Un día bastó para que la acusación, exigencia de captura y solicitud de extradición desclasificadas y presentadas el miércoles pasado al mediodía ante un tribunal estadounidense contra el gobernador morenista en funciones Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por asociación delictuosa, narcotráfico, manipulación electoral, secuestro de adversarios políticos y hasta homicidios de informantes, adquiriera el tinte rojo intenso de una crisis política interna y externa sin precedente en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en el de los cuatro que lo han precedido.
En la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, hay al menos dos elementos explosivos:
1. La acusación de que las elecciones de 2021 en Sinaloa habrían sido intervenidas por la facción de cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos", con intimidación y secuestro de rivales políticos, así como el robo de papeletas para favorecer a Rocha Moya a cambio de protección, impunidad y libertad operativa para la organización delincuencial.
Y, 2. El nivel de confrontación, muy cercano a la ruptura, al que ha llegado la relación bilateral con Estados Unidos luego de que -en orden cronológico inverso- el gobierno de Sheinbaum recriminara este jueves a Washington la violación de la confidencialidad a la que obliga el tratado de extradición entre los dos países, exigiera pruebas contundentes y suficientes de la acusación sin las que, dijo, "el objetivo de esta acusación es político" y calificara de "injerencista" al embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson; mientras que el 19 de abril anterior un azaroso y trágico accidente desvelara la intervención no autorizada de dos agentes de la CIA muertos en un operativo antinarcóticos en Chihuahua y diera lugar a un reclamo de responsabilidad constitucional a la gobernadora panista de esa entidad, María Eugenia Campos por haberlo autorizado sin tener la atribución de hacerlo y de que antes de ese episodio, filtraciones atribuidas a Johnson y el propio Trump se refirieran a investigaciones en curso contra "narcopolíticos" mexicanos y cancelaciones de visas.
Ya no se trata ahora de filtraciones, sino de una acusación formal ante una corte federal estadounidense y, en el primero de los elementos explosivos referidos anteriormente, no solo de hechos de corrupción sino de la captura del poder político por el crimen organizado que de confirmarse -de ahí la importancia de las pruebas exigidas- daría la razón a la narrativa paranoica de Washington y mostrarnos adentro y afuera como un Estado fallido en el que Estados Unidos ya no solo va contra los capos de la droga, sino contra gobernadores en funciones y funcionarios públicos. Es decir, se rompe un límite pues pasa de perseguir criminales a integrantes del poder político.
Por el bien del país, sin arriar la bandera de la defensa de la soberanía, es preciso transparentar lo ocurrido en Sinaloa y en Chihuahua pues, de otra forma, se corroboraría lo que muchos mexicanos sospechan: que la violencia criminal que sufrimos ya está asociada a los políticos, ya no hablamos de criminales que han infiltrado al Estado, sino de un Estado construido por criminales.
No sé si como parte de su alegato de inocencia, el gobernador Rocha Moya se atrevería a solicitar licencia mientras corren las investigaciones iniciadas al respecto por la FGR. Ciertamente despresurizaría la crisis, pero al insistir ayer que seguirá al frente del gobierno y referir que cuenta con lo que llamó "apoyo político", pareció una forma velada de decir que si cae él, caerán otros de Morena.