(FOTOGRAFÍAS: EL SIGLO DE TORREÓN)
A poco más de 24 horas del ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación contra los dos hermanos de 18 años detenidos por su probable participación en los hechos. La audiencia inicial podría desarrollarse este domingo 4 de octubre.
Audiencia inicial y situación jurídica
Los jóvenes permanecen bajo custodia de la autoridad ministerial, que continúa con la integración de la carpeta de investigación y el análisis de los indicios asegurados. Será ante un juez de control donde el Ministerio Público expondrá formalmente los hechos que atribuye a los hermanos y solicitará que se resuelva su situación jurídica.
Como parte de este procedimiento, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva como medida cautelar. En caso de que la imputación contemple la tipificación de feminicidio u homicidio doloso cometido con alevosa y brutal ferocidad, este delito se encuentra dentro de los supuestos constitucionales que pueden dar lugar a prisión preventiva oficiosa; también deberán analizarse las demás medidas que correspondan conforme a los delitos que finalmente sean formulados. La determinación estará a cargo del juez de control.
Respecto a la posible sanción, autoridades han señalado que uno de los delitos que podrían atribuirse a los detenidos contempla una penalidad de hasta 60 años de prisión. Sin embargo, será el proceso penal y, en su caso, una sentencia, lo que determine las responsabilidades y las penas aplicables.

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Hasta este viernes, ningún familiar de los dos detenidos se ha presentado ante la Fiscalía para conocer directamente su situación jurídica o brindarles acompañamiento. La autoridad mantiene identificados a familiares cercanos y trabaja en el caso con los elementos disponibles, mientras continúa la búsqueda de información que permita completar el contexto de los jóvenes.
También permanece bajo resguardo el domicilio que compartían los hermanos con integrantes de su familia. La vivienda se encuentra en la misma comunidad y, desde los hechos, aparentemente permanece deshabitada. Las autoridades no han logrado establecer contacto con algún familiar que se haya presentado en el inmueble, por lo que el lugar continúa bajo vigilancia como parte de las diligencias ministeriales.

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En tanto, la Escuela Secundaria General Número 13 permanece bajo resguardo policial y ministerial para preservar las distintas áreas donde se localizaron indicios. Peritos y agentes investigadores continúan con el procesamiento de la escena, documentación y levantamiento de elementos que puedan incorporarse a la carpeta de investigación.
Otra de las líneas que se mantiene abierta corresponde a la actividad de los hermanos en redes sociales. La Fiscalía investiga contenidos relacionados con ataques ocurridos en otros países y las referencias que los jóvenes habrían tenido hacia personas involucradas en hechos similares.
También son analizadas imágenes y publicaciones que habrían circulado antes de la agresión, entre ellas fotografías relacionadas con la vestimenta que utilizaron, armas blancas y otros objetos. La autoridad busca establecer el origen de esas publicaciones, quién las realizó y si permiten acreditar una planeación previa o algún vínculo con otras personas.

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Un familiar de los agresores denunció omisiones y conductas previas ignoradas por los padres tras el ataque en la Secundaria 13 de La UniónEl fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó además que esta línea se trabaja en coordinación con autoridades federales de inteligencia, debido a que entre los primeros elementos encontrados existen referencias a figuras extranjeras relacionadas con ataques de características similares.
Mientras continúan las diligencias en el plantel y en el domicilio relacionado con los detenidos, la Fiscalía prepara los elementos que serán llevados ante el juez. De concretarse la audiencia este domingo, será entonces cuando se conozca formalmente la imputación contra los hermanos y se determine la medida cautelar que deberán enfrentar durante el proceso.