Cuestiona diputado Gerardo Aguado al Gobierno Federal por alza en precio de los combustibles
El diputado Gerardo Aguado Gómez cuestionó el incremento en los precios de los combustibles en el país y acusó al Gobierno Federal de carecer de voluntad para implementar medidas que permitan estabilizarlos.
Por lo anterior, el legislador panista mencionó que tras recorrer diversas gasolineras de la región, pudo constatar que el diésel alcanza hasta los 34 pesos por litro en algunas zonas, mientras que la gasolina roja ronda los 30 pesos y la verde llega a los 25 pesos, impactando directamente en la economía de las familias.
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Recordó que en el pasado, morenistas como Mario Delgado, criticaban el precio de los combustibles cuando eran menores, e incluso prometían reducirlos significativamente.
“Hoy no dicen nada. En su momento aseguraron que la gasolina costaría 10 pesos, pero eso quedó en demagogia”, expresó.
Sostuvo que si bien el mercado internacional influye en el costo de los hidrocarburos, existen mecanismos que el Gobierno Federal podría aplicar para mitigar los incrementos como la reducción o subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Asimismo, advirtió que problemas como el huachicoleo, y la falta de control en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), generan pérdidas millonarias que también inciden en el precio final.
“Todo está correlacionado, suben los combustibles, suben los fletes y terminan subiendo los alimentos, e ir al supermercado es cada vez más caro”, apuntó.
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También señaló que las extorsiones al transporte de carga, agrava la situación económica al incrementar los costos logísticos.
Asimismo, criticó las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como la colocación de lonas en estaciones de servicio con precios altos, al considerar que se trata de medidas insuficientes.
“Eso no resuelve nada, es exhibir sin atender el problema de fondo, la solución está en decisiones del Gobierno Federal, no en los gasolineros”, afirmó.
Bajo este contexto, hizo un llamado a las autoridades federales para atender de manera integral el tema energético y de seguridad, a fin de evitar mayores afectaciones a la economía de los ciudadanos.
