Margarito Galaviz Sifuentes fue sentenciado por ofrecer un millón de pesos a un servidor público para influir en la reclasificación de causas penales.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de prisión en contra de Margarito Galaviz Sifuentes, quien fue declarado responsable del delito de Cohecho, por el que fue llevado ante la autoridad judicial.
A inicios del mes de agosto la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, detuvo en flagrancia a Margarito "N", quien se desempeñaba como Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, por su probable responsabilidad en el delito de Cohecho, luego de que presuntamente ofreciera un millón de pesos a un servidor público para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.
Detención en flagrancia
La detención derivó de una denuncia telefónica realizada por personal ministerial de la Fiscalía General del Estado, quien informó que el juzgador lo había citado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde le entregaría el recurso económico ofrecido.
Durante la llamada, el denunciante señaló que mantenía al presunto responsable a la vista y solicitó la intervención inmediata de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.
En atención al reporte, los agentes acudieron al lugar y ubicaron a la persona denunciada, incautando el dinero y localizando además un arma de fuego en el vehículo en el que se transportaba el ahora detenido, por lo que procedieron al aseguramiento y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público competente.
Deberá cubrir una multa
Ahora, como parte de la resolución, el sentenciado deberá además cubrir una multa equivalente a 144 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo determinado por el órgano jurisdiccional.
Los hechos por los que fue procesado ocurrieron cuando Galaviz Sifuentes se desempeñaba como Juez de Primera Instancia; sin embargo, la conducta que dio origen al proceso penal no fue realizada en ejercicio de su función jurisdiccional.
Su detención se realizó en flagrancia, luego de que fuera denunciado por ofrecer un millón de pesos a un servidor público a cambio de realizar la reclasificación de un delito en diversas causas penales.
Durante la intervención de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción fue asegurado el dinero en efectivo en mención.
La Fiscalía refrendó su compromiso de investigar y llevar ante la autoridad judicial los actos de corrupción, sin importar el cargo, nivel jerárquico o función pública de quienes sean señalados como probables responsables.
