'Dato confidencial', escudo de Mónica Soto para su declaración patrimonial

Esta semana, la magistrada presidenta Mónica Soto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció que dejaba el cargo, lo cual fue aprobado por la Comisión Permanente ayer miércoles.

Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su más reciente declaración patrimonial y de intereses en junio de 2025, en esta manifestó haberse titulado en Derecho en abril de 1994 luego de cursar la carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En agosto de 2012 obtuvo la especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la especialidad en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en enero de 2019; con su último grado de estudios siendo el máster en Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad Político Electoral con el que se tituló en febrero de 2023 por la Universidad Castilla La Mancha.

La magistrada electoral ha ejercido en el TEPJF desde noviembre de 2016, previamente habiendo sido magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral desde marzo de 2013; a su vez ejerció como magistrada numeraria entre 2007 y 2013 en el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

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Parte del ámbito electoral entre 2003 y 2007 fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de una junta distrital ejecutiva en Baja California Sur del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Soto Fregoso recién graduada de la UAG permaneció durante nueve años, entre 1994 y 2003, como técnica en proceso electoral de la junta local ejecutiva del IFE.

Como ingresos netos declaró una remuneración anual neta de 4 millones 6 mil 650 pesos y presentó como “dato confidencial” su ingreso anual neto.

Registró ser titular de cuatro bienes inmuebles de los cuales ocultó tanto su valor, la fecha de adquisición y extensión bajo el formato de datos confidenciales. Si bien incluyó tener un vehículo no reveló el modelo, su valor ni el año de adquisición.

Respecto a bienes muebles no identificó el tipo ni su valor.

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Sobre sus inversiones, cuentas bancarias y otros activos, la magistrada presidenta manifestó tener una cuenta de nómina en Banorte, un seguro, una Afore en Pensionissste, un fondo de inversión y seis subtipos de inversión los cuales incluyó como “dato confidencial”, sin detallar en qué consisten.

Respecto a adeudos reportó uno por 43 mil 452 pesos en una tarjeta de crédito bancaria de Santander adquirida en enero de 2022; otro de 29 mil 887 pesos adquirido en enero de 2022, también en una tarjeta de Santander; otro que declaró confidencial; un crédito personal adquirido en julio de 2022 por 308 mil pesos; uno de una tarjeta de crédito bancaria de Banorte por 25 mil 763 pesos adquirido en julio de 2022 y finalmente uno declarado confidencial en una tarjeta de crédito bancaria adquirida en enero de 2024.

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En 2022, la ministra adquirió deudas por 381 mil 339 pesos, poco más de su salario mensual y medio antes de la reforma judicial, ya que antes recibía un sueldo de 294 mil 407 pesos brutos mensuales, lo que se redujo posteriormente a 133 mil 310 pesos.

La magistrada aparte tiene clasificado un fideicomiso, si recibe “beneficios privados”, la identidad de su “cliente principal”, de su representante y el tener en comodato un inmueble.