Los movimientos de izquierda en América Latina pasaron de las armas a las urnas para acceder al poder por la vía democrática. Líderes de esa corriente como Michelle Bachelet (Chile), José Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) sufrieron prisión política o persecución antes de ocupar la presidencia. En el contexto de la Guerra Fría, Centro y Sudamérica padecieron dictaduras militares patrocinadas por Estados Unidos para frenar el avance del comunismo y proteger sus intereses. La defensa del orden hegemónico dejó centenares de miles de personas asesinadas y desaparecidas. El estancamiento económico y social de la región propició la proliferación del narcotráfico, la violencia y la emigración masiva hacia Estados Unidos.
Desterrados los regímenes militares y normalizada la democracia, América Latina entró en un ciclo de alternancias políticas pacíficas, de acuerdo con las características de cada país. Sin embargo, en los últimos años los Gobiernos de izquierda han sido objeto de presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los propósitos del «Escudo de las Américas», formado con líderes ultraconservadores como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Nayib Bukele (El Salvador) consiste precisamente en contener a los movimientos de izquierda para aumentar la influencia de la derecha alineada a Washington.
Estados Unidos utiliza ahora el narcotráfico como arma política para intimidar a los países que no giran en su órbita e intervenir en sus elecciones. En Colombia, Trump apostó todas sus fichas por Abelardo de la Espriella. Gustavo Petro -primer presidente de izquierda en la historia de ese país- y el senador Iván Cepeda denunciaron que la intromisión de Washington desequilibró la competencia. Lo mismo sucede en México, donde el año próximo se elegirá nuevo Congreso, 17 gubernaturas y la mayoría de las alcaldías y las legislaturas locales.
Brasil también está en el punto de mira de Estados Unidos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se presentará en las elecciones de octubre próximo para un cuarto mandato. Jair Bolsonaro, aliado de Trump, no podrá participar, pues fue sentenciado a 27 años de prisión por fraguar un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones frente a Lula. Trump intercedió por Bolsonaro, pero Brasil, en ejercicio de su soberanía, mantuvo firme el fallo. Sin embargo, el golpista frustrado será representado por su hijo Flávio. En Perú, Keiko Fujimori, afín a la línea de Trump, podría ser la próxima presidenta. Esta situación recuerda el Gobierno de su padre, quien, tras ganar las elecciones, implantó una dictadura atroz y corrupta.
Brasil y México son las economías más fuertes y los países más poblados de América Latina, con una población conjunta superior a los 347 millones de habitantes. En una videoconferencia celebrada el 10 de junio, los líderes de ambos países se pronunciaron a favor del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y la no injerencia. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió, frente a las presiones de Estados Unidos, que «México no es la piñata de nadie». A finales de mayo, el Congreso, dominado por Morena y sus aliados, aprobó una reforma constitucional que permite anular elecciones en caso de intervención o injerencia extranjera mediante financiamiento, desinformación u otras acciones. La oposición y los poderes fácticos, como era de esperar, pusieron el grito en el cielo.
