El elefante se mantiene en el centro de la habitación, pero todos parecen ignorarlo, en especial las autoridades mexicanas.
Fue el pasado 29 de abril ---hace dos semanas-cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y ex servidores públicos de dicha entidad de estar vinculados con operaciones de narcotráfico del grupo "Los Chapitos".
Los fiscales federales Jay Clayton y Terrance Cole culpan a este grupo de operar una red que facilitó al Cártel de Sinaloa la importación de fentanilo y la posesión de armas a través de protección institucional.
El caso se radicó en una corte de Nueva York bajo la supervisión de una jueza federal y fue recibido en México como una bomba mediática, es la primera vez que Estados Unidos denuncia formalmente a funcionarios mexicanos en activo, en el pasado persiguieron a ex servidores cuando estaban fuera de sus cargos.
La reacción del gobierno mexicano fue primero de pánico, luego de irritación y finalmente de negación. Hasta el momento las autoridades, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum, insisten en demandar pruebas a los fiscales cuando se trata de una solicitud de arresto con fines de extradición.
México conoce mejor que nadie las reglas en un tratado de extradición, en este caso con Estados Unidos. En primer lugar, se procede a ejecutar el arresto provisional, en ocasiones con carácter de urgente, ante la posibilidad de que el acusado se fugue.
Así sucedió con Fernando Farías Laguna, ex oficial de la Marina Mexicana, quien fue detenido bajo la acusación de ser parte de una red de "huachicol fiscal", la captura se realizó en la ciudad de Buenos Aires con el apoyo de Interpol y el gobierno argentino.
Posterior a la detención provisional se llevan a cabo una serie de audiencias donde la parte acusatorio deberá presentar las pruebas y documentos que justifiquen la extradición dentro del plazo fijado por el tratado.
Las pruebas pueden incluir una orden judicial o sentencia, la exposición de hechos, textos legales aplicables y las evidencias suficientes para demostrar los presuntos cargos.
México, pues, está exigiendo las pruebas cuando no ha llegado el momento preciso de solicitarlas, aparentemente para ganar tiempo y buscar una negociación con el gobierno de Estados Unidos que dicho sea de paso presiona cada vez más para que el gobierno de Sheinbaum ponga un alto a los carteles mexicanos.
Tanto el presidente Trump como su secretario de Guerra, Pete Hegseth, insisten en actuar en territorio mexicano contra el narcotráfico si México no realiza su parte lo que nadie desea pero cuya posibilidad crece en tanto el elefante siga en la habitación.
Rocha Moya decidió renunciar días después de la acusación, pero se ha declarado inocente a pesar de que existen evidencias de que durante su campaña política y su gobierno se reunió con varios de "Los Chapitos" y nombró en su equipo a personas cercanas al poderoso cártel.
En medio de este complejo asunto surgió la desatinada propuesta del secretario de Educación, Mario Delgado, para aumentar las vacaciones en las escuelas públicas, lo que pareció más una cortina de humo para ocultar el caso Rocha y sus agregados.
Insistimos que ante la gravedad del caso el gobierno mexicano no puede esconder la cabeza y clamar por pruebas cuando Estados Unidos tiene en sus prisiones a Ismael Zambada, a Joaquín Guzmán y a varios de sus hijos quienes seguramente ya "cantaron" en contra del ex gobernador sinaloense y su tropa.
Bien dicen que el que nada debe nada teme, por respeto al país y al gobierno de Sheinbaum, la mejor acción a tomar por parte de Rocha Moya y los nueve coacusados es entregarse a la autoridad mexicana e iniciar el proceso de extradición que quizás podrían evitar si logran demostrar su inocencia.
Lo contrario es alargar la agonía y dar paso a que Estados Unidos realice una operación intervencionista que no es deseable ni conveniente para nadie. Así las cosas.
NOTICIA FINAL…
El director de la DEA, Terry Cole, subrayó ante un grupo de legisladores norteamericanos que la acusación contra Rubén Rocha Moya, es apenas el inicio de una lucha contra los políticos mexicanos que ayuden a los carteles. "Ellos son también culpables de envenenar a estadounidenses", sostuvo el funcionario federal. Queda muy claro que la presión va in crescendo.