Hay tanto que decir y tanto que preguntar sobre lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral (INE), que mucha de la información publicada no logra explicar en qué momento la decencia pública se convirtió en la excepción, y la cínica corrupción en la regla.
La sonorense Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE impulsada desde el oficialismo, aunque hoy se empeñen en negarlo. Junto con ella, tres consejeros más se integraron al órgano electoral: Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza. Desde la conformación del Comité Técnico de Evaluación, la desgracia democrática se asomaba ansiosa ante los cuestionamientos sobre la cercanía de varios de sus integrantes con Morena.
De nada sirvieron entonces los argumentos de la politólogaMaite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación, quien emitió un voto particular contra perfiles como el de Taddei y advirtió los riesgos de parcialidad y captura institucional del árbitro electoral.
En un proceso sumamente desaseado, Taddei fue finalmente elegida mediante tómbola, con el beneplácito de la mayoría oficialista. Así, bajo el mando político del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron muchos los morenistas que, desde la soberbia del poder, presumían cercanía y celebraban públicamente, en nombre de la transformación, lo que presentaban como una conquista del órgano electoral.
Bastaron poco más de tres años y una serie de filtraciones en audio y video para derrumbar la mentira -que pocos creían- que el oficialismo contó sobre la honestidad, imparcialidad, profesionalismo y capacidad de sus propuestas.
El escándalo es mayúsculo, no solo por los señalamientos de corrupción que deben esclarecerse, sino por el daño a la confianza democrática del país desde una institución que nació justamente para combatir las groseras intervenciones del régimen en los procesos electorales.
Los videos, audios y fotos no pueden reducirse a las decisiones personales e íntimas de una servidora pública. Lo que debe sancionarse es si un proveedor utilizó esa cercanía para conseguir contratos públicos con jugosas ganancias y si ambos tejieron una red de corrupción y tráfico de influencias. La lucha democrática de millones de mexicanos durante décadas no puede quedar a merced de la voracidad política de la élite gobernante.
Lo grave es que, nuevamente, desde el segundo piso de la transformación se pretende reducir esta tragicomedia a una lucha entre actores del pasado y del presente. La presidenta de México, beneficiaria política del modelo promovido por su movimiento recurre, como su antecesor, a la repartición de culpas, a la narrativa fácil, a la descalificación permanente y a la tergiversación de la historia.
No debemos olvidar que Claudia Sheinbaum llegó al gobierno de México con Guadalupe Taddei al frente del INE. Los cuestionamientos sobre las campañas anticipadas, los millonarios recursos cuyo origen está en duda y la intervención del entonces inquilino de Palacio Nacional no desaparecen por decreto.
Por ello, los consejeros electorales que hoy se encuentran en funciones también deben rendir cuentas por sus acciones u omisiones. No basta con que digan que no sabían lo que pasaba: deben explicar qué decisiones tomaron, qué controles ejercieron y por qué guardaron silencio frente a las anomalías señaladas en la elección federal de 2024 y en este escándalo de proporciones mayúsculas.
No debemos olvidar cómo desde el INE se otorgó al régimen la deshonrosa sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión ni los cuestionamientos sobre la actuación electoral frente a la libertad de expresión de comunicadores y ciudadanos. Tampoco su participación en el sometimiento del Poder Judicial y en una elección marcada por el uso de acordeones que, en nombre del pueblo, pusieron en entredicho la libertad del voto. A ello se suma su complicidad con dirigentes partidistas que pasan por encima de la ley y subordinan los derechos de los militantes que recurren al INE para su defensa.
Los riesgos no terminan en el INE.
Los tentáculos antidemocráticos alcanzaron también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), donde deben revisarse las redes de contratación y las alianzas políticas, tanto con las oficinas centrales como con los gobernadores de los estados.
Debemos estar alertas ante la propuesta de la presidenta Sheinbaum, sobre la participación total de Talleres Gráficos de México. La promesa de transparencia no basta: se necesitan controles verificables e independencia frente al gobierno. Combatir la corrupción de proveedores privados no puede convertirse en el pretexto para ampliar el control del poder sobre las elecciones. El gobierno no requiere llevar a la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones si consigue -como hasta ahora se percibe- colonizar al INE desde dentro.
Como se ha dicho en otros foros, la renuncia de Guadalupe Taddei no resuelve el problema democrático que vivimos los mexicanos. La organización de las próximas elecciones está en riesgo. Debemos estar alertas sobre quiénes y cómo garantizarán elecciones ciudadanas, y no elecciones de Estado. No podemos esperar a que el poder decida corregirse por voluntad propia.
Para nuestra desgracia, el riesgo de sometimiento al régimen también alcanza a los tribunales electorales.
No basta con organizar los comicios si quienes deben corregir los excesos y defender los derechos ciudadanos terminan convalidando los abusos del poder. Una justicia electoral sin independencia deja al ciudadano sin defensa y al régimen sin freno. De eso todavía falta mucho por discutir.
Es hora de pasar de la indignación a la organización ciudadana: exigir cuentas, vigilar contratos y nombramientos, documentar y denunciar irregularidades, participar en la observación electoral conforme a la ley y seguir las decisiones de los tribunales. Esta lucha debe ser pacífica, firme y plural. La democracia no pertenece al gobierno ni a sus aliados, no puede otorgarse por adjudicación directa al régimen, nos pertenece a todos los mexicanos, por eso es importante que no nos encuentre en silencio la siguiente embestida del poder.
*Activista política