Denuncian por despido injustificado y presunto abuso de poder a la Oficina de Pasaportes de Torreón
Julieta García Morales, trabajadora con más de cuatro años de servicio en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), denunció haber sido despedida de manera abrupta y sin causal legal en la Oficina de Pasaportes de Torreón.
Según su testimonio, el director de la oficina, José Alfonso Delgadillo López, le comunicó el 3 de julio que era su último día de trabajo, argumentando que ella había hecho un comentario inadecuado sobre él.
La afectada señaló que nunca tuvo actas administrativas ni sanciones durante su desempeño laboral, caracterizado por puntualidad y cumplimiento de funciones.
Asegura que el despido se dio bajo presión, pues se le exigió firmar una renuncia y se le advirtió que, de no hacerlo, el caso se trasladaría “por las malas” a la sede de Piedras Negras, municipio que figura como su patrón administrativo, aunque su trabajo siempre se desarrolló en Torreón.
Tras negarse a firmar la renuncia, García Morales fue acompañada por personal de seguridad para recoger sus pertenencias y se le negó el acceso posterior a las oficinas.
Ante esta situación, interpuso una demanda laboral contra el municipio de Piedras Negras, además de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control de la SRE, instancias que ya recibieron los acuses correspondientes. En dichas denuncias se señalan presunto abuso de poder y acoso laboral.
La trabajadora relató que al intentar reincorporarse, los guardias le impidieron el acceso, lo que quedó registrado en un video. También informó que en días previos otras empleadas habrían firmado renuncias en circunstancias similares, lo que apunta a un patrón de despidos que consideró debe ser investigado por el Comité de Ética de la Cancillería.
En comunicación con autoridades de Piedras Negras, se le notificó que estaba “a disposición” para presentarse a laborar en ese municipio, pese a que nunca desempeñó funciones allí ni conoce la ciudad. Sus abogados consideran que este traslado constituye una estrategia para forzar su salida definitiva.
García Morales confía en que las instancias correspondientes atiendan su caso y deslinden responsabilidades.
“La razón que me dieron no está en la ley como causal de despido. Confío en que el proceso se lleve a cabo como debe y que se reconozca que fue un abuso de poder”, expresó.
