Decenas de personas retenidas en una extensa instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas afirman que fueron golpeadas por guardias o que presenciaron cómo golpeaban a otras, según un informe emitido por activistas legales y de derechos humanos.
El informe de 84 páginas, publicado conjuntamente el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles, también señala que hombres y mujeres retenidos en Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss en El Paso, relataron que se les negó atención médica, que fueron obligados a vivir en condiciones inmundas y que se les dio comida incomible. Los detenidos también indicaron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.
De los 71 detenidos contactados durante un periodo de cinco meses, 64 -aproximadamente el 90% de los entrevistados- dijeron que habían sido agredidos personalmente por el personal o que habían visto a otros sufrir abusos físicos, de acuerdo con el informe.
"El Camp East Montana del ICE es un desastre de derechos humanos", declaró Angélica César, investigadora asociada de Human Rights Watch y la ACLU y una de las principales investigadoras del informe. "El gobierno de Estados Unidos debería cerrarlo, realizar investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria".
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que los reportes de condiciones inhumanas en su instalación de carpas son "categóricamente falsos", que no se golpea ni maltrata a los detenidos y que "el ICE se toma en serio la salud y la seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia".
Los nuevos relatos de violencia y condiciones de vida deficientes dentro de Camp East Montana coinciden con reportes anteriores de The Associated Press y otros medios. Al menos tres detenidos retenidos en la instalación desde que abrió en agosto han muerto, incluido un migrante cubano de 55 años que estaba esposado y dejó de respirar a principios de este año después de que guardias lo inmovilizaran.
Posteriormente, un médico forense local determinó que esa muerte fue un homicidio, y un informe federal publicado el mes pasado indicó que pruebas del caso estaban "perdidas o destruidas". Ese informe, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, concluyó que la mala gestión del Departamento de Seguridad Nacional había creado condiciones inseguras que contribuyeron a muertes y sufrimiento de detenidos, incluso mientras millones de dólares de impuestos desperdiciados enriquecían a contratistas.
