Denuncian graves fallas en justicia por caso Karyna

La Fundación Luz y Esperanza (FLyE) manifestó su respaldo a Karyna, quien fue detenida recientemente por el delito de violencia familiar, mientras que su hijo fue canalizado a una casa cuna del DIF Coahuila.

En el acto, su directora, Rosa María Salazar Rivera, advirtió que el caso refleja una preocupante tendencia de criminalización de mujeres que previamente han sido víctimas de violencia.

Por lo anterior, sostuvo que este y otros casos recientes evidencian omisiones graves en la aplicación de protocolos nacionales e internacionales en materia de justicia penal, particularmente en lo relacionado con la violencia de género.

Explicó que la detención de Karyna ocurre en un contexto marcado por la discusión de la violencia vicaria en Coahuila, una forma de agresión reconocida desde 2012 por la especialista Sonia Vaccaro, quien documentó cómo los agresores utilizan a los hijos para continuar dañando a las mujeres tras la separación.

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El DIF Estatal busca prevenir sucesos como el acontecido en Michoacán, donde un estudiante asesinó a dos maestras.

Bajo este contexto, detalló que a pesar de los avances legislativos, se ha detectado el uso del derecho penal para perseguir a mujeres que han enfrentado violencia sistémica.

Indicó que en este caso, la orden de aprehensión fue emitida el 20 de enero y ejecutada el 20 de marzo, bajo los artículos 251 y 252 del Código Penal estatal, relacionados con violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria.

Recordó que el caso de Karyna forma parte de los expedientes presentados desde diciembre pasado ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades judiciales para aplicar de manera obligatoria la perspectiva de género, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establecen la necesidad de identificar relaciones de poder, eliminar estereotipos y garantizar una justicia sustantiva.

Asimismo, exigió a la Fiscalía General del Estado integrar las carpetas de investigación con enfoque de género, considerando antecedentes de violencia y denuncias previas, y evitar que las víctimas sean tratadas como agresoras sin un análisis integral.

También, solicitó a los juzgados familiares priorizar el interés superior de la niñez, al advertir que la separación de un menor de su madre mediante procesos cuestionables puede constituir una violación a sus derechos.

Finalmente, advirtió que la detención de Karyna pone en duda el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Poder Judicial de Coahuila para juzgar con perspectiva de género y enfoque en la infancia.

“Desde esta Fundación permaneceremos vigilantes del proceso, exigiendo el respeto al debido proceso y que se reconozca la condición de la señora Karyna como sobreviviente de violencia”, concluyó.

Karyna denuncia detención en EU, separación de su hijo y proceso legal en Coahuila.

Por su parte, Karyna denunció una serie de presuntas irregularidades que derivaron en su detención en Estados Unidos, la separación de su hijo de 8 años de edad, y un proceso penal en Coahuila, a pesar de contar con la custodia legal y permisos judiciales vigentes.

Según reveló, el 21 de febrero viajó con su hijo a McAllen, Texas, por recomendación médica, ya que el menor padece rinitis alérgica y asma bronquial, condiciones que requieren climas cálidos.

Aseguró que cuenta con la custodia del menor otorgada en diciembre de 2024, así como un permiso judicial para salir del país expedido en julio de 2025.

En el caso de las convivencias con el padre, reveló que se encontraban suspendidas por un proceso legal en curso.

Sin embargo, al regresar a México el 11 de marzo, denunció que fue detenida por agentes migratorios en Estados Unidos, los cuales la interceptaron de manera violenta, le informaron sobre la cancelación de su visa y la trasladaron a un centro de detención en Edinburg, Texas.

Puntualizó que durante el operativo, su hijo presentó complicaciones respiratorias, por lo que requirió atención médica; y ambos permanecieron retenidos varias horas sin comunicación con familiares.

Posteriormente, comentó, fue separada de su hijo, el cual fue deportado solo hacia México y canalizado a una institución del DIF, mientras que ella permaneció detenida durante 10 días en el vecino país, donde enfrentó posibles cargos derivados de una denuncia interpuesta por su expareja por presunta sustracción del menor.

Por lo anterior, aseguró que presentó documentos legales que acreditan la custodia y autorización de viaje, pero estos no fueron considerados por las autoridades estadounidenses en ese momento.

Al ser deportada, indicó que fue detenida en Coahuila en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

No obstante, sostuvo que contaba con un amparo federal que impedía su detención, el cual no fue respetado inicialmente.

Precisó que permaneció un día en el Centro de Reinserción Social Femenil, hasta que en audiencia se hizo valer el amparo y obtuvo su libertad.

Por lo expuesto, manifestó su preocupación, por la situación de su hijo, quien se encuentra en Casa Cuna en Saltillo, sin acceso a su tratamiento médico ni a la dieta especializada que requiere.

Aseguró que esta situación deriva de denuncias falsas interpuestas por su expareja, con quien mantiene antecedentes de conflictos legales, incluyendo una carpeta de investigación por presunto abuso sexual en contra del menor, aún sin resolución definitiva.

También, aseguró que no es la primera vez que su hijo es institucionalizado, ya que en 2024 ocurrió una situación similar y la cual fue aclarada luego de varios meses.

Tras los hechos, cuestionó el actuar de las autoridades, ya que considera que no se revisó adecuadamente la documentación legal ni se contactó a su familia antes de emitir medidas como la activación de una Alerta Amber.