Denuncian violencia en anexo de Matamoros, encargada es familiar de funcionarios públicos

Familiares de internas del centro femenil de rehabilitación “Eco Mariposa”, el cual se encuentra en Matamoros, acusaron al personal operativo y administrativo de presuntamente ejercer violencia física, psicológica, así como de privación ilegal de la libertad y explotación laboral, ya que dicen, es el método de rehabilitación que utilizan, incluso ya se formalizaron tres denuncias ante la Fiscalía del Estado.

Las quejosas acusan directamente de aplicar las “agresivas terapias” a Leslie y Valeria, quienes son “las servidoras” del lugar, así como Paty, “la madrina” y administradora. Esta última es esposa de un funcionario municipal, a quien identificaron como Jordán, por tanto, las amenaza que, si denuncian, ninguna autoridad procederá en su contra, ya que además el servidor público es hermano de la titular del Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer, incluso “presume” que es el único centro de rehabilitación que tiene convenio de colaboración con dicho centro de atención a víctimas de violencia de género.

Las mujeres se atrevieron a denunciar ante los medios de comunicación, luego de que en Facebook circuló un vídeo de una de las pacientes a quien identificaron como Alma, que se dice trató de escapar y fue interceptada por personal del anexo y se observa como la cargan para obligarla a regresar, pero se les cae bruscamente y la arrastran, situación que alertó a los familiares de la interna, quienes acudieron a visitarla y comprobaron que presentaba hematomas en cara y cuerpo, al parecer producto de la golpiza que le propinaron para disciplinarla y dijeron que cuando solicitaron el alta del centro de rehabilitación les dijeron que tenía que pagar 8,000 pesos, debido a que le faltaban dos meses de tratamiento.

Una de joven que permaneció en el centro por cinco meses y medio relató que, son alrededor de 35 personas, las que permanecen en el lugar y algunas se han escapado, debido al agresivo método de recuperación al que son sometidas, ya que dijo además de golpes y palabras altisonantes, les aplicaban el “sayayin” que consiste en hacer lagartijas o sentadillas, al tiempo de que deben aplaudir y escribir 50 planas, en hoja de máquina, con las manos hacía arriba las frases que “las servidoras” les indiquen.

Relató que otro método para disciplinarlas es que les avientan dos kilos de arroz, el cual deberán recoger granito por granito de rodillas, pero si la anexada incurrió en una falta muy grave, las envían en la “Jaula del terror”, la cual es una especie de celda, en donde duermen en una plancha de concreto, sin probar alimento y sin una cobija o ropa invernal para abrigarse y pueden pasar uno o más días.

Con relación a la presunta explotación laboral de la que son objeto, relataron que las envían para hacer la limpieza en domicilios de funcionarios o gente conocida de la administradora o bien ayudar en un puesto de gorditas, lo cual consideraron para las personas que manejan el anexo es un doble negocio, ya que, además de cubrir un pago semanal por la “rehabilitación” hay un ingreso adicional por las labores que presuntamente las obligan a realizar.

“Yo fui una de ellas, fui una víctima más. Pues para mí no es grato porque fueron aplicaciones, fueron de que me dejaron toda la noche, somos víctimas porque, como yo digo, venimos madreadas de la calle para que vayan y nos hagan más daño. Se supone que vamos a sanar, no a que nos afecten más”, relató la joven, quien reconoció que en varias ocasiones trató de escapar, pero al final pudo alertar a sus padres lo que ocurría y la sacaron de lugar.

Relató que, al principio contaban solamente con un psicólogo quien se encargaba de darles la terapia pero dejó de ir, por lo que ahora el mismo personal se encarga de hacer esa función o las mandan al Centro de Justicia para la Mujer, así como el acompañamiento espiritual que les da un pastor, pero no cuentan con atención médica.

Elizabeth es una de las personas que formalizó la denuncia en la Fiscalía, ya que dijo, que desde hace casi cinco meses internó a su hermana y hasta el momento no le han permitido verla, ya que siempre que acude a la visita les dicen que esta castigada, porque es muy agresiva, por lo que no sabe en qué condiciones esté.

Compartió que, cuando ingresó a su familiar, le cobraron 1,500 pesos por semana, pero a los dos meses le hicieron un descuento, por lo que al final pagaba 1,050 pesos, pero necesita una pomada, por una afección que presenta en la espalda y tiene un costo de 1,800 pesos, de tal forma que cuando toca comprarla, esa semana el gasto total es de 2 mil 850, además del listado de artículos de higiene personal o alimento que su familiar le pide.

La familiar de la señora Alma, que la que aparece en el vídeo que se “viralizó” relató que, luego de que se “armaron” y la sacaron de lugar todavía con rastros de los golpes, cuando le dieron de comer empezó a convulsionar y fue cuando les dijo que la había metido a la “Jaula del terror” y tenía dos días sin probar alimento, fue entonces que marcaron al servicio de emergencias para solicitar una ambulancia y la unidad de Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado, fue así como acudieron al Ministerio Público para interponer la denuncia.

Mencionó que, ahora el mismo abogado que les asesora les dijo que la representación del anexo les ofrecía dinero como reparación del daño para que retiraran la denuncia, lo cual se les hace sospechoso de que su mismo abogado les sugiera eso, por lo que decidieron “hacer ruido” para pedirle a otras personas que también fueron violentadas para que se animen a denunciar, incluso hicieron del conocimiento de los hechos al delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel y a colaboradores cercanos a fiscal, Federico Fernández, para evitar que se valgan de sus influencias para evadir la ley.