Desaparecer en tierra ajena: buscan a padre e hijo duranguenses en Sinaloa

Flor Gisela García Chávez recibió un mensaje a su celular el 15 de diciembre que decía: “Ya vamos para la casa, venimos llegando a Mazatlán”, el emisor, su hijo Saúl Antonio Graciano García de 13 años de edad que venía a bordo de una camioneta junto a su padre Saúl Jaime Graciano González de 35 años.

El pequeño Saúl también se comunicó con su abuelita paterna para decirle que iban saliendo hacía Durango. Él había llegado tiempo antes a los Mochis, Sinaloa a pasar unas vacaciones, para luego, junto a padre, partir a su tierra de origen a pasar las fiestas decembrinas.

Sin embargo, el anhelo de su llegada quedó suspendido en algún punto de la carretera entre Sinaloa y Durango. Casi dos meses después, su familia no sabe nada de su paradero.

El celular de ambos marcó una última conexión a la 1:50 de la madrugada, y al intentar marcarles, aunque daban línea, nadie contestó del otro lado. En la mañana del 16 de diciembre, al ver que no llegaron, la familia emprendió su búsqueda.

Aunque, según Flor Gisela desde el 15 de diciembre se perdió toda comunicación con ambos, fue hasta el pasado 11 de febrero que Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para dar con el paradero de su hijo, la cual debió ser activada inmediatamente que se reportó la desaparición.

Cabe destacar que la alerta de emergencia nacional se realizó, justo después del hallazgo de las fosas clandestinas que se encontraron en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia, lugar donde, según Flor Gisela, los teléfonos celulares de sus familiares registraron su última ubicación.

La noticia incrementó la angustia de la familia, que durante semanas navegó entre las fiscalías de Durango y Sinaloa sin obtener respuestas claras. Flor Gisela relata que interpuso una denuncia en la Fiscalía de Durango, pero al registrar los móviles, les informaron que su última conexión había sido en Concordía, Sinaloa, por ende, la carpeta de investigación sería enviada para aquel estado.

“En Durango nos dijeron: ‘A nosotros no nos toca porque no es nuestro estado’, y nos mandaron para acá. Pero aquí, desde diciembre, no sabíamos nada. Apenas hoy (11 de febrero) que vine a Fiscalía (de Sinaloa) me dijeron: ‘Discúlpeme señora, sí nos había llegado la carpeta desde el 21 de enero, pero no la habíamos revisado”, lamentó.

Cuenta que Saúl Jaime trabajaba en Sinaloa, en una empresa de sistemas de riego en Los Mochis. Su hijo había viajado para pasar unos días de vacaciones con él y juntos regresarían abordo de una camioneta a Durango para pasar Navidad en familia. Del vehículo, que no se compartieron especificaciones, tampoco hay rastro alguno.

Salieron de Culiacán alrededor del mediodía y se esperaba que arribaran a Durango por la noche. Pero eso no ocurrió.

Dos tíos del menor intentaron recorrer la carretera libre hacia Durango para buscarlos. No pudieron avanzar. Según relata la familia, fueron frenados en un retén, que no supieron si se trataba de autoridades o civiles armados, que les impidieron continuar.

Mientras los familiares intentaban rastrear el trayecto por su cuenta, Flor acudía a interponer la denuncia. Asegura que durante semanas ninguna autoridad en Sinaloa le brindó información, bajo el argumento de que la carpeta no había llegado.

La madre de familia solicita la ayuda de la ciudadanía para encontrar a Saúl y a su padre con vida. En ese sentido, a su hijo lo describe como un adolescente de 1.62 metros, moreno, de cabello rizado “ya traía bien largo su cabello que hasta parecía un borreguito”. Es alegre y profundamente apegado a su abuelita paterna, con quien se crió. “Para él, ella es su mamá. Todo el día le llamaba”.

Sobre el padre, explica, trabajaba por temporadas en Sinaloa, donde permanecía dos o tres meses antes de regresar a Durango.

Hoy, el caso es llevado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Mazatlán. Sin embargo, Flor subrayó que durante semanas ninguna autoridad le dio el seguimiento adecuado.

Actualmente se encuentra en Sinaloa con la esperanza que la investigación avance y sus familiares aparezcan con vida. Para finalizar, Flor realizó un llamado: “Todos los desaparecidos merecen ser buscados. A las autoridades les digo que cumplan con su trabajo”.

El caso anterior se suma a una cadena de hechos violentos que se han suscitado recientemente en el estado de Sinaloa. Por ejemplo, la desaparición de cuatro hombres originarios de Ixtlahuaca, Estado de México, ha detonado una intensa movilización social luego de confirmarse que fueron privados de la libertad mientras vacacionaban en el puerto de Mazatlán.

¿Qué está pasando en Sinaloa?

La investigadora y periodista sinaloense Sibely Cañedo Cázarez indicó que el momento actual de violencia en la entidad no es un episodio repentino, sino la intensificación de un conflicto que se volvió visible desde septiembre de 2024, cuando comenzó una confrontación interna entre grupos del propio cártel de Sinaloa.

Aunque la presencia del narcotráfico ha marcado históricamente al estado, advierte que el rasgo distintivo del escenario actual es la expansión directa de la violencia hacia la población civil.

“Históricamente Sinaloa ha tenido presencia del crimen organizado, eso no es nuevo”, señala. “Lo que sí es nuevo es que el impacto está permeando mucho más a la sociedad”.

Durante años, explicó, existieron códigos implícitos que, sin justificar la violencia, mantenían cierto límite: la confrontación se concentraba principalmente entre grupos armados. Hoy esa frontera prácticamente desapareció.

“Han asesinado familias, mujeres, niños… a veces quedan en el fuego cruzado y a veces simplemente no importa quién vaya en el vehículo. Eso antes no lo veíamos de esa forma”.

El resultado es un ambiente cotidiano de tensión. La población ha modificado su rutina para sobrevivir a la incertidumbre: salir más temprano, evitar la noche, cancelar visitas a comunidades cercanas. La movilidad dejó de ser espontánea.

“Cuando salimos a la calle vamos como a la suerte, esperando que no nos pase nada. Ya no circulamos libremente por el estado”.

La transformación alcanza incluso actividades antes normales: recorrer pueblos de la sierra, viajar por carretera o desplazarse por trabajo. Hoy cada trayecto implica evaluar riesgos.

Las carreteras reflejan esa nueva normalidad. En rutas como la Mazatlán–Durango pueden registrarse bloqueos repentinos que desaparecen horas después. La circulación se restablece, pero no la certeza.

“Puede que vengas y no te pase nada, pero depende de probabilidades”, explicó. “Para mí no hay una seguridad real”.

La especialista ubica el municipio de Concordia, donde desaparecieron el padre y su hijo duranguenses, como uno de los territorios más representativos de esa violencia acumulada. No se trata de un evento aislado, sino de un espacio disputado durante años.

Desde al menos 2017 la zona ha vivido guerras internas del mismo grupo criminal que provocaron desplazamientos masivos. “Las personas se desplazaron, regresaron cuando parecía que las cosas mejoraban y otra vez fueron desplazadas”, señala.

Más de 600 familias han abandonado sus comunidades. Muchas han retornado, pero no porque exista seguridad, sino porque ya no tienen alternativas. “No regresan porque esté bien, regresan porque no tienen adónde ir”.

El hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, refirió, no constituye una anomalía, sino la manifestación visible de una violencia estructural prolongada. “Eso destapa algo que lleva años. No es un hecho aislado, es la punta del iceberg”.

En su análisis, el problema se agrava porque la estrategia institucional se concentra en la contención y no en desmontar el control territorial. Aunque hay presencia militar, decomisos y detenciones, la dinámica criminal persiste.

“Se detienen personas y se decomisan armas, pero el problema sigue”, advierte. “Eso significa que no están cayendo quienes orquestan todo”.

Por ello insiste en que lo que ocurre en la sierra no es lejano para las ciudades ni para quienes transitan por carretera. Esos territorios funcionan como refugio operativo para los grupos armados y desde ahí la violencia se expande.

“No podemos pensar que porque ocurre en la sierra no nos afecta”, dijo, “Ahí es donde se fortalecen”.

En su lectura, la región atraviesa más que una crisis de seguridad pública: “en algunas zonas yo lo llamaría crisis humanitaria”, afirmó.

Debate sobre el carnaval

Cabe mencionar que en medio del clima de violencia que atraviesa Sinaloa, el Carnaval de Mazatlán (uno de los festejos más emblemáticos del puerto que arrancó el pasado 12 de febrero para concluir el 17 del mismo mes) se ha convertido también en tema de debate público.

Mientras autoridades estatales y municipales insisten en reforzar los operativos de seguridad para garantizar su realización, sectores de la sociedad cuestionan la pertinencia de celebrar en un contexto marcado por desapariciones, enfrentamientos y temor ciudadano. La discusión no gira únicamente en torno a la festividad, sino a lo que representa: la tensión entre preservar una tradición cultural y reconocer la crisis de seguridad que persiste en distintas regiones del estado.