Detención de exfuncionarios debe destapar red de impunidad en Torreón: Attolini Murra

La detención de José Elías "N", exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de Martha "N", extitular del Centro de Justicia Municipal, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), debe ser apenas el inicio de una investigación que esclarezca los hechos, determine responsabilidades y atienda a las víctimas que durante años han reclamado justicia, afirmó el diputado local Antonio Attolini Murra.

Por lo anterior, el legislador sostuvo que durante los últimos años proveedores, empresarios y ciudadanos han señalado y denunciado presuntos actos de extorsión, intimidación, corrupción y abuso relacionados con José Elías "N".

En el caso de Martha "N", señaló que existen familias que han reclamado justicia por presuntos abusos y posibles violaciones a derechos humanos ocurridos en el ámbito del Centro de Justicia Municipal durante su gestión.

“Esto apenas comienza. Una detención no sustituye un proceso ni significa una sentencia anticipada, pero sí termina con una idea que durante demasiado tiempo quisieron imponer en Torreón: que había personas intocables, protegidas por sus relaciones, por el dinero o por el poder”, afirmó.

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Recordó que tanto él como el senador Luis Fernando Salazar acudieron previamente ante las autoridades para denunciar hechos relacionados con José Elías y exigir que fueran investigados.

Consideró que la intervención de la FGR confirma, al menos, la seriedad de los hechos denunciados, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existen delitos y responsabilidades.

Exigió que las investigaciones lleguen “hasta sus últimas consecuencias” y que se esclarezca qué ocurrió, quién participó, quién se benefició, quién protegió y quién permitió que durante años se acumularan señalamientos sin consecuencias.

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Fuentes cercanas al caso señalan que la investigación estaría relacionada con presuntos delitos vinculados con su actividad empresarial y negocios privados

También planteó investigar posibles redes políticas, administrativas y económicas que: 

“Si existen más responsables, tienen que responder. Si hubo funcionarios que encubrieron, deben investigarse. Si hubo recursos públicos involucrados, tienen que recuperarse. Y si existen víctimas, tienen derecho a ser escuchadas y a obtener justicia. No se trata solamente de dos nombres, se trata de desmontar cualquier red de impunidad que haya operado en Torreón”, sostuvo.

Asimismo, pidió que la FGR informe oficialmente los delitos imputados, el contenido de las investigaciones y la situación jurídica de los detenidos; y a vez, llamó a evitar especulaciones y respetar el debido proceso.

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Subrayó que ninguna influencia política o económica debe interferir con las indagatorias.

“Durante mucho tiempo algunos se comportaron como si nunca fueran a rendir cuentas. Hoy queda demostrado que el poder no puede ser un salvoconducto para la impunidad. Nadie por encima de la ley. Quien la hace, la paga. Y para las víctimas de Torreón, este tiene que ser apenas el primer paso hacia la justicia”, concluyó.