Disputa legal por custodia en Gómez Palacio escala a manifestaciones públicas
El conflicto entre Carla Crispín y su expareja, el síndico municipal de Gómez Palacio, Juan González, ha trascendido al ámbito público mientras continúan abiertos diversos procesos judiciales relacionados con la convivencia y el cuidado de sus dos hijos menores.
Por un lado, Crispín denunció ser víctima de violencia vicaria y afirmó que desde junio de 2025 solo puede ver a sus hijos bajo un régimen de visitas supervisadas, una vez por semana y durante una hora, en un centro de psicoterapia. Acompañada por la colectiva Revolucionarias de La Laguna, realizó una manifestación pacífica frente a la Presidencia Municipal para exigir una convivencia libre con los menores.
“Siguen sin poder acordarme una convivencia libre con mis hijos, sin tener ningún fundamento por el cual no pueda convivir de manera libre con mis hijos”, expresó durante la protesta.
También negó la existencia de una denuncia por amenazas en su contra y rechazó deber pensión alimenticia, al señalar que los descuentos se aplican directamente vía nómina.
“Tengo los comprobantes y los presentaré el día que se tengan que presentar”, sostuvo.
Desde el ámbito institucional, autoridades municipales reiteraron su respeto al derecho a la manifestación, aunque subrayaron que se trata de un asunto de carácter penal y familiar que corresponde exclusivamente a los tribunales.
‘CONFLICTO NO ES POR CUSTODIA’
En contraste, la defensa legal de Juan González, encabezada por el abogado Karim Castruita, aseguró que el conflicto no se centra en la custodia, pues —según afirmó— esta fue cedida mediante un convenio firmado tras el divorcio en 2023. De acuerdo con el litigante, la controversia actual deriva de una denuncia penal por presuntas amenazas y violencia, hechos que, señaló, habrían ocurrido frente a los menores y en los que supuestamente estuvo involucrada un arma de fuego.
La defensa también mencionó antecedentes de presunta violencia familiar, así como situaciones relacionadas con el entorno durante visitas abiertas, lo que habría llevado a un juez a modificar el esquema a convivencias supervisadas.
“No por cuestión de género se debe presumir que los menores están mejor con la madre que con el padre; un juez determinó que están mejor con él”, afirmó.
Según lo expuesto, existen audiencias programadas por los delitos de amenazas y violencia alimentaria, además de una resolución judicial que ordena el descuento del 30 por ciento del salario de Carla para la manutención de los hijos.
Ambas partes han manifestado su confianza en que el caso se resolverá conforme a derecho. Mientras tanto, el proceso continúa judicializado y bajo análisis de las autoridades competentes, con el interés superior de los menores como eje central.
