En términos políticos generales de la 4T, no grupales, parece ser un exceso innecesario la segunda citación a declarar que se le ha endilgado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, conocida como Maru, quien al menos en videos en redes sociales se muestra entre complacida y bravucona ante las acciones que se van desarrollando en su contra.
Acusarla de traición a la patria por la aceptación y promoción de agentes extranjeros para operar en suelo chihuahuense puede pasar casi como una obligación cívica. Durante una gira de medios que recientemente se agenció, ella misma ha ido dejando pistas involuntarias de la ligereza o malevolencia con que ha procedido en el tema. Además, ayer mismo, once diputados locales de Morena en Chihuahua solicitaron a la cámara federal que se instaure juicio político contra la gobernadora Campos; no se dio a conocer de inmediato el motivo, pero los antecedentes del caso apuntan al tema de los agentes de la CIA en suelo chihuahuense.
Sin embargo, a ese marco de confrontación política y judicial se ha añadido, con un discutible sentido de la oportunidad, la acusación de secuestro que Javier Corral ha presentado contra quien le sucedió en el gobierno de Chihuahua, la propia Maru con la que ha sostenido una ríspida y prolongada batalla. Corral fue panista durante décadas, hasta que decidió pasar a las filas de la 4T, sin afiliarse a Morena, para ser candidato a senador, cargo que ocupa actualmente.
La fiscalía capitalina de justicia, cuya titular es Bertha Alcalde Luján, ha citado a declarar este viernes a la gobernadora panista por aquel episodio del 14 de agosto de 2024 en que el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, rescató a Corral de un restaurante donde agentes de la fiscalía de Chihuahua pretendían detenerlo para enfrentar acusaciones penales en esa entidad. Corral llamó por teléfono y apareció Lara, para llevarse al expanista en un vehículo.
Mezclar en tiempos procesales estos dos temas, el de la acusación de traición a la patria, con el de las pugnas entre dos personajes que fueron miembros del mismo partido, desgasta a aquel, de evidente interés nacional superior. ¿Quién, como factor político, y para qué, habrá reactivado en estos momentos el expediente Campos-Corral?
Dos miembros relevantes de la llamada 4T se abstuvieron a la hora de votar en una comisión legislativa la polémica propuesta monrealista de anulación de resultados electorales si se probara que hubiera habido injerencia extranjera.
Uno de esos personajes es Olga Sánchez Cordero, quien teóricamente ocupó el segundo nivel de mando nacional, como secretaria de Gobernación en un tramo del sexenio obradorista; otro, Alfonso Ramírez Cuéllar, fue presidente nacional de Morena y es considerado como uno de los cuadros legislativos más alineados con Palacio Nacional.
Ministra de la Corte en retiro, notaria pública con licencia y exsenadora, la diputada federal Sánchez Cordero consideró que la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal pone en riesgo la certeza jurídica, pues la determinación de nulidad electoral podría sustentarse en cualquier hecho. Sin embargo, no votó en contra, solo se abstuvo. Luego que una hija suya no avanzó en el pasado proceso de elección judicial se ha suscitado una postura más reservada de Sánchez Cordero respecto a Morena.
Ramírez Cuéllar, por su parte, ha sido mencionado en varias ocasiones como pieza del equipo claudista que tomaría posiciones de mayor responsabilidad en San Lázaro o en cargos de gobierno, sin que hasta ahora se haya producido alguno de esos movimientos. Ahora se le menciona como carta de Palacio Nacional para la gubernatura de Zacatecas, hasta ahora coto de la familia Monreal.
A fin de cuentas, en la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta monrealista fue aprobada por 28 votos de Morena, el Verde y el PT, con nueve en contra y dos abstenciones. Cuando la iniciativa en cuestión sea presentada al pleno de San Lázaro (se dice que será hoy, el par de abstencionistas podrá proponer mejorías al texto. ¡Hasta mañana!