Dos de cada tres empresas congelan inversiones por la Reforma Judicial
A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la discusión sobre la Reforma Judicial ya impacta de forma directa los planes de negocio en México.
La primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex advierte que la desconfianza y la falta de certeza legal ya influyen en la planeación, expansión y desarrollo de las empresas.
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La organización empresarial subrayó que toda actuación de la autoridad debe conducirse con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y plena garantía del derechoImpacto en inversión y clima de negocios
El estudio, con la participación de 3,721 empresas afiliadas en los 71 Centros Empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), arroja cifras contundentes sobre el clima de negocios actual.
De acuerdo con el reporte, 67.8% de las organizaciones reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión debido a la reforma. En contraste, apenas 3.6% percibe algún efecto positivo.
La incertidumbre legal ya modificó la conducta diaria del ecosistema empresarial. El 38.9% de los empresarios, es decir, 4 de cada 10, reconoce actuar con mayor cautela antes de inyectar capital, mientras que un preocupante 28.8%, equivalente a 3 de cada 10, ya tomó la decisión de reducir o posponer proyectos concretos de inversión.
Esto impacta de manera directa en la competitividad y en la generación de empleo formal en el corto y mediano plazo.
Cambios en estrategia legal de las empresas
Además, el temor a reglas del juego impredecibles ha obligado al sector privado a destinar recursos a blindarse legalmente. El 46.3% de las empresas ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante el ajuste de contratos, la búsqueda de mecanismos alternos de arbitraje, la contratación de nuevos seguros o el diseño de estrategias de litigio más agresivas.
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Exigió que el Paquete Económico 2027 priorice la eficiencia, exhortando a reorientar el gasto público hacia la inversión productiva, seguridad, salud e infraestructuraSumado al 34.5% que evalúa implementar medidas similares, un total de 80.8% de las empresas se ha visto forzado a cambiar su arquitectura de prevención. Esto convierte a la desconfianza en un costo adicional de operación que resta rentabilidad a los negocios.
Pérdida de confianza institucional
La raíz de este freno económico se encuentra en una notable pérdida de confianza en las instituciones. El 55.9% de las compañías encuestadas asegura que la certidumbre disminuyó en aspectos fundamentales como la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de contratos firmados y el acceso al juicio de amparo.
Solo el 3.3% identifica alguna mejora en estos rubros.
Desde la perspectiva del sector patronal, la certeza jurídica no es un concepto abstracto, significa contar con reglas claras, autoridades totalmente independientes, procesos imparciales y herramientas eficaces que garanticen el respeto a los derechos de quienes arriesgan su capital y generan empleo.
La postura de Coparmex
Ante esta realidad, Coparmex enfatizó que, si bien el país arrastra problemas históricos de acceso a la justicia, lentitud, corrupción e impunidad que deben atenderse, cualquier transformación debe preservar la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Por ello, el organismo propone transitar del diseño teórico de la reforma hacia una evaluación permanente de sus resultados prácticos.
La propuesta patronal incluye la apertura de una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, basada en indicadores objetivos que midan los tiempos reales de resolución de los casos, el acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos y empresas, la independencia real de los nuevos jueces y magistrados, y la previsibilidad de los criterios judiciales y la eficacia en la protección de derechos.
Rezago en el nuevo Poder Judicial
El informe también subraya que el nuevo Poder Judicial no inicia desde cero, sino que hereda vicios estructurales severos. El propio Órgano de Administración Judicial documentó que 210,459 asuntos federales que ya están listos para ser resueltos, equivalentes al 62.7% del total nacional, acumulan más de 90 días de retraso sin recibir una sentencia.
Para Coparmex, el éxito de esta nueva etapa judicial no debe medirse por la forma en que los jueces fueron electos o por quiénes ocupan los tribunales, sino por su capacidad para abatir el rezago, emitir fallos oportunos y devolver la confianza al entorno económico.
"La certeza jurídica no es un asunto exclusivo de jueces y abogados: es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal"
