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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que Morena deba ser responsabilizado por las presuntas prácticas de corrupción en el sistema electoral y afirmó que las irregularidades señaladas tienen antecedentes desde gobiernos de décadas anteriores. En un posicionamiento público difundido el 5 de noviembre, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su decisión de llevar a fondo las investigaciones sobre una presunta red empresarial ligada a contratos millonarios con organismos electorales.
Durazo ubica los antecedentes en gobiernos anteriores
El mandatario estatal señaló que los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en el gobierno federal en 1983 y que, durante administraciones priistas, trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien más tarde ocupó cargos en gobiernos del PRI.
Según expuso, después de dejar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005.
Contratos por más de 2 mil millones de pesos
Durazo sostuvo que las investigaciones apuntan a una estructura que habría operado durante más de 25 años, mediante empresas vinculadas entre sí y presuntas simulaciones de competencia para obtener recursos públicos.
Detalló que los contratos atribuidos a esta red superarían los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, además de otros 646 millones de pesos durante 2024 y 2025.
"La democracia no es un negocio y quien haya lucrado con ella, que responda ante la justicia"
Cuestiona intento de vincular el caso con Morena
El pronunciamiento también cuestiona lo que considera un intento de trasladar a Morena las responsabilidades por las deficiencias históricas de las instituciones electorales, bajo el argumento de que se busca debilitar la credibilidad del movimiento de transformación.
Durazo planteó que los señalamientos contra la titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y, después, contra la propia institución, forman parte de una disputa política por su control.
Hace referencia a las elecciones de 1988 y 2006
El gobernador hizo referencia a las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, al señalar que las instituciones electorales de esos años permitieron que el PRI y el PAN, respectivamente, conservaran la Presidencia de la República en procesos cuya legitimidad ha sido cuestionada.
Insistió en que las responsabilidades deben establecerse de manera individual y no atribuirse a un movimiento político por prácticas que, aseguró, tienen antecedentes en otras administraciones.
"La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias"
Finalmente, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes, sin privilegios, excepciones ni encubrimientos.
