Ahora mismo el controversial proyecto de amoniaco en la Bahía de Ohuira se debate intensamente en las redes sociales y que. ha sido incluso cuestionado por la ONU (Organización de Naciones Unidas), la cual alertó sobre los riesgos que representa para el ecosistema en aquel lugar de Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-mayo que dependen de él.
Once relatores de la ONU aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no sólo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
Pero lo que luego me alertó y me preocupó fue que al ecosistema al que se referían es un humedal Ramsar de importancia internacional y entonces escuché con mayor atención lo de la mega planta de producción de fertilizantes de Sapioriz, Lerdo Dgo. Un proyecto del que se había hablado hace más o menos un año, al que se le había dado carpetazo político usando la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) como causa para rechazar el proyecto de una empresa de los Países Bajos. Ahora como sabemos se aprobó ya el proyecto con una MIA que no alcanza a convencer a quienes la están revisando.
Una mega inversión de miles de millones de pesos para producir fertilizantes nitrogenados en terrenos de Sapioriz, a las puertas del Río Nazas y del Cañón de Fernández (humedal de importancia Internacional, Ramsar).
¿Pero por qué México atrae estas inversiones extranjeras? Cuando sabemos que en su país de origen no les permiten establecer este tipo de industrias tóxicas con riesgo catastrófico. La motivación es como sucede en este tipo de casos económica, pero sería simplista quedarnos ahí: México no es autosuficiente en fertilizantes y se ve en la necesidad de importar anualmente entre 3.7 y 3.8 millones de toneladas de fertilizantes, lo que representa un gasto global aproximado de más de 2000 millones de dólares al año. El excelente trabajo realizado hace años con Fertinal y otras petroquímicas, no alcanzó para ser autosuficiente.
Otro dato importante y relacionado es que, del total de fertilizantes importados, los fertilizantes nitrogenados representan el 60.2% y de estos el de mayor importancia es la urea.
La cuestión es, por qué no pensar en otras alternativas menos tóxicas y riesgosas, y más congruentes con los esfuerzos agroecológicos del régimen. En la Comarca Lagunera además de producir mucha leche, carne y huevos, se producen también ingentes volúmenes de heces de ganado bovino, caprino y aviar, los cuales, si no son bien manejados, se convierten en pasivos ambientales. Sin embargo, mediante procesos de compostaje controlado, biodigestión anaerobia y peletización, estos residuos se transforman en fertilizantes orgánicos y energía renovable, biogás que sustituye combustibles fósiles. Este modelo se integra en zonas rurales, fortalece la autonomía local y reduce la dependencia de importaciones. Economía circular ni más ni menos.
Pero esto no es la única opción. Existen otras alternativas, que incluso se construyen localmente: la biotecnología nos invita a usar microorganismos vivos para capturar el nitrógeno del aire y transformarlo en amoniaco asimilable para la planta.
Seguramente me quedo corto, pero lo más importante es que a diferencia de las tecnologías petroquímicas extranjeras, en la Comarca existen investigadores y técnicos en la UJED y en la UA de C, así como en los centros e Institutos de Investigación, como el INIFAP, ampliamente calificados para manejar el modelo orgánico.
Si bien es cierto que la mega planta petroquímica tiene una alta eficiencia industrial en comparación con el modelo orgánico, también es cierto que su huella de carbono es muy elevada y que además presenta un elevado riesgo catastrófico, esto es real y está documentado: una ruptura parcial puede generar una nube tóxica mortal en un radio de 2 km.y una ruptura total de ductos podría afectar hasta 15 km a la redonda, alcanzando la mayor parte de los asentamientos humanos cercanos a la planta y a buena parte de la zona del río. Los laguneros tenemos derecho por ley a ser informados, la MIA viola el Art13 y 159 bis de la LGEEPA: Derecho a la información ambiental y consulta pública efectiva. No se puede opinar sobre algo que no se conoce. Por otro lado no hace caso a la recomendación técnica y legal de instalarse en un lugar alejado y de preferencia ya desertificado. La MIA presenta omisiones importantes en la evaluación de Impactos ambientales, particularmente en el análisis de riesgo catastrófico, que es un aspecto clave en este tipo de documentos técnicos