Ejidatarios de La Laguna.
En vísperas del arranque del ciclo agrícola, ejidatarios de distintas comunidades de la región lagunera instalaron un plantón en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Torreón, demandando que se respeten los acuerdos previamente establecidos y que se concrete una reunión con autoridades federales. La exigencia central es la entrega de alrededor de 500 derechos de agua que ya fueron liberados, pero que los módulos de riego se niegan a reconocer.
Elizabeth Estrada, representante de la Contraloría Ciudadana del Agua, explicó que desde hace semanas se han sostenido reuniones con Gabriel Riestra, director regional de Conagua, donde se alcanzaron acuerdos preliminares. Sin embargo, la presencia de funcionarios de la Presidencia de la República y del director nacional de Conagua, Efraín Morales, anunciada para este día, no se ha concretado.
“Seguimos esperando, no han llegado”, lamentó.
Estrada detalló que el pliego petitorio incluye la actualización del padrón de usuarios, la entrega inmediata de los derechos de agua, la salida de Adolfo Marín Barraza, jefe de Distrito de Riego, acusado de presunta corrupción y complicidad con los módulos, así como la autorización de traslados de agua hacia ejidos que hoy carecen de infraestructura funcional.
Los módulos de riego señalados por los campesinos son el 7, el 8 y el 10, que abarcan ejidos de Torreón, Matamoros y Gómez Palacio. Según los inconformes, sus dirigentes han negado sistemáticamente la entrega de agua, incluso a quienes cuentan con constancias oficiales. En el caso del módulo 10, conocido como Masitas, se acusa a Alfredo Ordaz, exjefe de Distrito de Riego en Conagua, de bloquear el acceso a los derechos pese a las sentencias judiciales que favorecen a los ejidatarios.
Leonardo García, comisariado del ejido Arcinas en Gómez Palacio, denunció que ni siquiera las resoluciones de los tribunales agrarios han sido respetadas.
“Nuestros derechos los ganamos en tribunales y ni así nos los entregan. Una sentencia se obtuvo hace dos años y otra en 2025, pero nos dicen que está en revisión, como si fueran magistrados”, señaló. En total, explicó, son 16 derechos de agua que permanecen sin reconocimiento, lo que impide a las familias sembrar sus tierras.
La inconformidad se agudiza porque el ciclo agrícola está por iniciar y los campesinos ya tienen sus parcelas preparadas. La incertidumbre sobre la fecha de apertura de las compuertas, prevista para mediados de marzo, genera presión y urgencia.
“No hay certeza de cuándo se abrirán, y por eso estamos aquí”, subrayó Estrada.
Los manifestantes también plantean una propuesta de fondo, que es la desaparición de los módulos de riego y que la administración de los canales secundarios quede en manos de los propios núcleos agrarios, con vigilancia de la Guardia Nacional y el Ejército.
“Los módulos se han convertido en tienditas que huachicolean el agua, beneficiando a empresarios y dejando secas las tierras de los ejidos”, acusó García.
