Ejidatarios de San Antonio de los Bravos denuncian corrupción y tráfico de influencias en Conagua
El comité directivo de San Antonio de los Bravos realizó una denuncia pública en la que exige respeto irrestricto a las decisiones tomadas por los ejidatarios, quienes los nombraron como sus representantes legales. Los dirigentes señalaron que enfrentan arbitrariedades y actos de corrupción dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La presidenta del comisariado ejidal, Carolina Barbosa, junto con el secretario Luis Herrera y la presidenta del Consejo de Vigilancia, Rosa Domínguez, acusaron que el director del organismo, Gabriel Riestra Beltrán, ha otorgado reconocimiento y credibilidad a un comité alterno vinculado a la Central Campesina Cardenista, encabezado por Elia Estrada y Rosario Vargas, pese a que ambas fueron destituidas en febrero de 2024 por presuntos manejos fraudulentos.
“Nosotros somos los representantes legales acreditados ante el Registro Agrario Nacional, con credenciales y actas certificadas de asamblea. Sin embargo, Conagua ha favorecido a un grupo alterno que divide al ejido y se apropia de bienes comunes”, expresó Barbosa.
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Habitantes de Concordia, Rosita y Urquizo reprocharon años de promesas incumplidas por distintas administracionesEl comité directivo denunció que el grupo encabezado por Estrada y Vargas mantiene un plantón en terrenos ejidales en la prolongación Bravo, espacio que se encuentra en litigio agrario. Según los representantes, dicho grupo permitió la injerencia de una inmobiliaria y ha contado incluso con presencia de la policía preventiva, lo que calificaron como ilegal.
Además, señalaron que el director de Conagua ha autorizado trámites para la recuperación de derechos de agua a favor de este comité alterno, incluyendo un listado de 48 personas con registros repetidos, lo que afecta directamente las vacantes que corresponden al ejido en común.
“Se están apropiando de derechos que son de todos los ejidatarios, no de un pequeño grupo. Consideramos que hay tráfico de influencias y nepotismo”, afirmó Domínguez.
Los denunciantes sostienen que el grupo opositor presentó un acta de asamblea “ficticia”, sin convocatoria legal, en la que se asignaron indebidamente las 12 vacantes de agua a integrantes de su comité. En contraste, el libro de actas del ejido solo reconoce la asignación de tres o cuatro vacantes.
El conflicto se agudizó tras la transición del comisariado ejidal el 29 de octubre de 2024, cuando el comité encabezado por Barbosa asumió funciones. Desde entonces, aseguran que han sido desplazados por un grupo que “difama y tergiversa” los hechos, atribuyéndoles irregularidades que, según ellos, fueron cometidas por la administración anterior.
Los representantes del ejido anunciaron que continuarán acudiendo a instancias legales para defender los bienes comunes y los derechos de agua del módulo 7, que consideran les corresponden. Criticaron que mientras a ellos se les exige iniciar juicios para recuperar concesiones, al comité alterno se le han entregado derechos en los módulos 10 y 11 sin el mismo rigor normativo.
“No es factible que tengamos que enfrentar estas situaciones cuando somos los representantes legítimos. Vamos a seguir denunciando y defendiendo lo que pertenece a todos los ejidatarios”, concluyó Barbosa.
