Ejidatarios exigen frenar a gestor que opera libremente en el RAN
Ejidatarios de 11 comunidades rurales de Torreón bloquearon la avenida Abasolo, a la altura de las oficinas del módulo de atención de la Comarca Lagunera del Registro Agrario Nacional (RAN), para denunciar una presunta red de corrupción, influyentismo y extorsión que, aseguran, afecta directamente a cientos de familias campesinas de la región.
Protesta en el centro de Torreón
La movilización, respaldada por la Confederación Nacional Campesina (CNC), busca presionar al titular de la representación estatal del RAN en Coahuila, José David Luna Contreras, para que detenga el trato preferencial y la supuesta complicidad del personal de la dependencia con un gestor particular identificado como Manuel Chavarría.
La protesta paralizó el tráfico en el centro de la ciudad cuando los afectados, provenientes de los ejidos Santa Fe, La Joya, San Luis, La Perla, Arenales, Paso del Águila, El Águila, San Antonio de los Bravos, El Ranchito, Rancho Alegre y Juan Eugenio, decidieron cerrar la vialidad de manera indefinida.
Los manifestantes señalaron que, mientras los campesinos tienen que hacer filas desde las 7:00 de la mañana para intentar conseguir un turno, este gestor ingresa a las oficinas de manera inmediata y sin restricciones, bajo la complacencia de los trabajadores del módulo lagunero.
Acusaciones por trámites y cobros
De acuerdo con un escrito formal dirigido a las autoridades agrarias, los ejidatarios acusan al señalado de utilizar su presunta influencia dentro del RAN para acaparar y agilizar trámites, cobrando después sumas exorbitantes de dinero a los verdaderos dueños de las tierras para entregarles sus papeles oficiales.
En primer lugar, denunciaron el secuestro de documentos. Los afectados explicaron que el gestor obtuvo de forma exprés títulos de propiedad sobre solares, certificados parcelarios y constancias, particularmente en el Ejido Santa Fe.
Posteriormente, exige a cada titular pagos de hasta 50,000 pesos a cambio de entregarles los documentos originales. Quienes no cuentan con los recursos para pagar esta cuota ilegal aseguran haber sido amenazados por él con ser sacados de sus propios solares y viviendas.
En segundo lugar, acusaron la entrega de papelería apócrifa. La denuncia sostiene que el señalado ha entregado documentos falsos a varios campesinos, haciéndolos pasar por oficiales del RAN después de cobrarles fuertes sumas de dinero por supuestas gestiones directas.
Señalamientos de favoritismo
Los representantes ejidales afirmaron que el propio señalado presume públicamente su buena relación con el personal de la institución, asegurando que le exentan de requisitos y le resuelven trámites en tiempo récord en comparación con el resto de los usuarios.
"Lamentablemente hemos visto que, en efecto, los trámites que él ingresa se resuelven con mayor rapidez"
Explicaron los inconformes durante el bloqueo. Añadieron que han presenciado cómo llega y es recibido de inmediato sin formarse, mientras ellos esperan horas en la calle. El personal justifica este trato desigual con cualquier pretexto, pero al ocurrir de forma reiterada, consideran evidente que hay un favoritismo.
Incluso, señalaron que el gestor ha solicitado altas cantidades de dinero en efectivo bajo el argumento de que este recurso va destinado a los propios funcionarios del RAN para garantizar la atención preferente.
Exigencias de los ejidatarios
Los ejidatarios de los 11 poblados de Torreón condicionaron la liberación de la vialidad y el cese de las protestas a que se cumplan dos peticiones fundamentales de carácter inmediato.
La primera es el establecimiento de una mesa de diálogo directa para la recepción urgente de una comisión de representantes ejidales por parte del titular estatal, José David Luna Contreras, con el fin de abordar el problema cara a cara y sin intermediarios de la oficina local.
La segunda consiste en una auditoría y restricción integral, que implica una revisión minuciosa de cada uno de los trámites ingresados por Chavarría, ya sea como gestor, interesado o apoderado legal, para detectar la posible presencia de identificaciones, actas o documentos falsos.
Asimismo, exigen que se le restrinja el acceso a los servicios del RAN para evitar que continúe operando en la zona.
