La soberanía energética no será sacrificando con fracking la vida de las comunidades y sus territorios, que abarcan zonas de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, sostiene la Alianza Mexicana Contra el Fracking en su comunicado del 9 de abril -respaldado por 70 organizaciones de izquierda-, en que señala que la presidenta Claudia Sheinbaum olvida su compromiso de campaña de no permitir la fracturación hidráulica; informa que después de dos décadas de aplicación masiva de esta técnica en Estados Unidos, existe amplia evidencia científica que documenta los impactos ambientales y sociales, que el comité de científicos y expertos que la titular del Ejecutivo presentará el miércoles próximo debería buscar las mejores rutas para salir de la dependencia al gas de Estados Unidos y los combustibles fósiles, no cómo mantenernos en ella; el gobierno omite -afirma- que la soberanía no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las generaciones siguientes.
El anuncio de la presidenta Sheinbaum en la conferencia matutina del 8 de abril no deja lugar a dudas: el Gobierno de México abrió la puerta al fracking.
La mandataria planteó la posibilidad de explorar gas no convencional y anunció un comité científico para evaluar si esa explotación es viable.
En los hechos, se trata de un giro político que contradice el compromiso de la 4T asumido por la hoy presidenta de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante el fracking en el país.
Desde la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, la política energética de esta administración se ha articulado en torno al mal llamado gas "natural".
El principal componente del gas fósil es el metano que, lejos de ser combustible de transición, acelera la emergencia climática y obstaculiza el avance hacia una real transición energética.
El gas fósil, igual que el petróleo y el carbón, son los principales responsables del calentamiento del planeta, como lo han demostrado científicos e instancias internacionales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC.
Explorar una versión "sustentable" del fracking puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe.
La evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo del fracking ha sido compilada por científicos independientes y comprometidos de Estados Unidos desde hace 15 años; ellos han organizado de forma rigurosa la evidencia científica que, en su edición de 2023, reunió más de 2 mil 300 estudios científicos publicados que muestran un sólido consenso científico.
"Los riegos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento", sostiene el compendio Concerned Health Professionals of New York, & Physicians for Social Responsibility, de 2023. Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risk and Harms Gas and Oil Infrastructure, 9th edition.
Nos preguntamos -dice la Alianza Mexicana Contra el Fracking- si no sería más oportuno enfocar el trabajo científico mexicano en buscar soluciones para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles, en línea con los múltiples acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de cambio climático.
El comité de personas científicas y expertas que plantea la presidenta debería responder a las necesidades del pueblo de forma independiente; y el pueblo lo ha manifestado claramente: ¡No necesitamos fracking, necesitamos igualdad, justicia energética y climática!
Uno de los temas centrales de la búsqueda del "fracking sustentable" es el uso de agua.
En la mañanera del 8 de abril se mencionó la posibilidad del uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar.
Para este fin, se necesitaría construir plantas de tratamiento para la remoción de sólidos, materia orgánica y sales.
El uso de agua residual tratada ha sido probado en diferentes zonas de Estados Unidos de América, pero no se ha vuelto una práctica común debido a sus elevados costos.
El tratamiento se basa en sistemas que requieren una inversión inicial considerable de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación.
Las plantas también generan altos costos operativos, debido al alto consumo energético necesario para tratar agua de alta salinidad.
Por ejemplo, tratar un sólo barril de agua producida mediante evaporación puede costar entre 3 y 6 dólares.
¿Asumirá Pemex estos costos, pese a su ya elevada deuda?
La soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México. Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en el subsuelo mexicano, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil.
Las proyecciones de producción de gas fósil planteadas en el Plan Estratégico de Pemex establecen que hacia 2035 se alcanzaría un volumen de 4,988 MMpcd (miles de millones de pies cúbicos diarios), lo cual no alcanzaría para cubrir la actual demanda que es de 9,000 MMpcd.
Como bien señaló la presidenta Sheinbaum, el sector que más consume gas fósil en México es el industrial, en su mayoría industria manufacturera integrada por capitales transnacionales que, además de explotar la mano de obra nacional, explotan y contaminan el agua, suelos y aire de territorio mexicano, dejando una larga estela de pasivos ambientales, impactos sociales y a la salud en los lugares donde se instalan.
Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar el modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria.
Como bien sabe Claudia Sheinbaum -pues fue su compromiso electoral-, el fracking no es opción ni es sustentable.
Por ello, el mandato popular que el Gobierno de México debe mantener y cumplir es: ¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!
@kardenche