En los días previos a la pausa de Semana Santa, el tema relativo al llamado plan B estuvo en vehemente, intenso, duro debate en los medios, entre la comentocracia y en las redes sociales. Ya con un pie en el estribo de las no oficiales vacaciones, la iniciativa presidencial, que necesitaba mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, por tratarse de enmiendas a la Constitución, fue aprobada por la Cámara Alta en lo general.
Sin embargo, no en lo particular en la parte que proponía que la votación para la revocación de mandato del presidente de la República, no sólo se pueda llevar a cabo en el cuarto año de ejercicio, como ahora dispone la Constitución, sino también (y en esto consistía la propuesta de reforma), en el tercer año. En el caso, tanto en 2028 como en 2027, esta última alternativa concurrente con la elección intermedia para diputados federales. Pero sucedió que en este punto los senadores del PT estuvieron en desacuerdo, votaron en contra y la enmienda se frustró.
En realidad dicha reforma era la que verdaderamente interesaba al oficialismo. O al menos a una parte de éste. Para jugar políticamente con una u otra opción de fechas. Tanto para efectos externos, a fin de desequilibrar la cancha de la competencia electoral en perjuicio de la oposición. O bien, como un instrumento para dirimir diferencias y aun cobrar venganzas al interior del oficialismo. Pero no pasó.
No obstante lo anterior, es decir, de que lo verdaderamente importante del plan B fue desechado, se continuó con el proceso legislativo para disimular el fracaso. Lo cual significa que lo que en realidad iba como relleno del plan B, fatalmente será aprobado. Entre otras reformas (que en realidad se trata de una adición) al artículo 116, fracción II, párrafo segundo de la Constitución, para establecer lo siguiente:
"Las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente".
¿A quién se le habrá ocurrido esa propuesta, cuáles fueron las razones y por qué incluirla precisamente en el texto de la Carta Magna? ¿De dónde se sacaría la cifra de 0.70 por ciento? ¿En qué bases técnicas se sustenta? ¿Se habrá evaluado su impacto, tanto desde el ángulo de las finanzas públicas estatales como del desarrollo del trabajo legislativo? En todo caso, ¿Por qué en la exposición de motivos de la iniciativa no se argumenta la pertinencia de esta reforma? Al efecto, cabe aclarar que sólo incluye tres líneas que francamente nada dicen. Y el colmo: el dictamen legislativo del Senado tampoco explica ni justifica ni argumenta tal reforma, pues lo único que hace es transcribir las tres líneas bobas incluidas en la iniciativa. Verdaderamente qué bajo ha caído el constitucionalismo mexicano.
Lo peor del caso es que, terminada la reciente pausa de Semana Santa, la Cámara de Diputados se ha apresurado a aprobar la Minuta recibida del Senado, con la mayoría calificada con la que también en esta Cámara cuenta el oficialismo.
Más grave aún será que los Congresos locales, para concluir el proceso de esta reforma constitucional, literalmente se trompicarán por ser los primeros en aprobarla, y así hacer méritos. Seguramente no veremos que una sola de las 32 legislaturas locales analice con seriedad, estudie con detenimiento, exija explicaciones en torno a esta reforma que directamente les afecta. Su irresponsabilidad, exhibición y docilidad vergonzosa serán mayúsculas.
Lamentable que estos órganos legislativos estatales continúen siendo como hace cien años: simples camarillas de confabulación a las órdenes del gobernador en turno y ahora, además, directamente al servicio del gobierno central, burdamente disfrazado de federal.