Diputados de Morena presentaron una iniciativa para modificar el calendario de la elección judicial en México, con el objetivo de trasladarla a junio de 2028 y evitar que coincida con procesos electorales de carácter político. La propuesta parte de un diagnóstico interno: la concurrencia de ambos ejercicios podría generar riesgos institucionales que afectarían la calidad democrática.
El proyecto fue impulsado por el vicecoordinador del grupo parlamentario, Alfonso Ramírez Cuéllar, junto con Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez. La iniciativa plantea reformas a diversos artículos de la Constitución para separar temporalmente los procesos electorales judiciales y políticos, bajo el argumento de que cada uno requiere dinámicas distintas de análisis, participación y organización.
¿En qué consiste la propuesta?
El eje central de la iniciativa es reprogramar la elección judicial para 2028, con el fin de evitar su coincidencia con elecciones políticas. De acuerdo con el documento, esta separación permitiría:
- Mayor deliberación pública sobre perfiles técnicos de aspirantes al Poder Judicial
- Reducir la sobrecarga informativa para el electorado
- Disminuir el riesgo de voto desinformado
- Evitar la politización de candidaturas judiciales
- Aliviar la presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral
Además, la propuesta introduce un cambio estructural en el proceso de selección de aspirantes, se plantea eliminar los Comités de Evaluación de cada Poder de la Unión para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres Poderes. Este órgano centralizaría la revisión de perfiles y buscaría estandarizar criterios.
VER MÁS Senado declara constitucional 'Plan B' de la reforma electoral; 19 congresos lo respaldaron
La reforma se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación¿Qué significa para México?
De aprobarse, la reforma implicaría un ajuste relevante en la implementación de la elección judicial, uno de los cambios más profundos en el sistema de justicia en las últimas décadas. La separación de los procesos electorales podría contribuir a reducir la influencia política directa en la designación de jueces y magistrados, al menos en términos de dinámica electoral.
También abriría la puerta a un proceso más enfocado en criterios técnicos y profesionales, en contraste con campañas simultáneas dominadas por agendas partidistas. Sin embargo, el éxito de esta apuesta dependerá de la capacidad institucional para garantizar transparencia, evaluación objetiva y participación informada.
A pesar de los objetivos planteados, la iniciativa deja interrogantes relevantes:
- ¿Cómo se garantizará la independencia real del Comité Único de Evaluación?
- ¿Qué mecanismos evitarán que la elección judicial, aun separada, siga siendo influenciada por actores políticos?
- ¿El aplazamiento hasta 2028 podría interpretarse como un retraso en la implementación de la reforma judicial?
- ¿Cuenta el sistema electoral con los recursos suficientes para organizar un proceso adicional de gran escala?
El debate sobre la elección judicial en México entra así en una nueva etapa. La propuesta de Morena no sólo plantea un ajuste de fechas, sino una redefinición del modelo operativo, en medio de una discusión más amplia sobre el equilibrio entre democracia, técnica jurídica e independencia institucional.
Elección judicial: plantean retrasarla a 2028 y cambiar el modelo de selección de jueces
