Eliminan casos de falsas amenazas de tiroteos en escuelas; 'ya era demasiado'
Derivado de algunas acciones preventivas, el subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Ulises Adame, dijo que al cierre del ciclo escolar 2025-2026, lograron eliminar los casos de falsas amenazas de tiroteos en las escuelas “porque ya era demasiado, hubo una semana en la que tuvimos cuatro (incidentes) y hubo una movilización fuerte”.
El funcionario agregó que a solicitud de la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, emprendieron una campaña para que en las escuelas secundarias y preparatorias del municipio haya una persona de prefectura en el exterior de los sanitarios, con la finalidad de mantener el orden, la disciplina y la sana convivencia escolar.
“Lo que antes hacíamos, no estamos descubriendo el agua tibia, funcionaba perfectamente, no sé por qué lo abandonamos, funcionaba perfectamente y a lo mejor pues es muy atrevido decirlo, pero sí abatimos prácticamente el tema de los mensajes en los baños, las amenazas. Entonces, poner a una prefecta, o poner a una trabajadora afuera del baño, no se mete, nada más se da cuenta quién entró y quién salió y eso ha sido suficiente ”, expresó.
De enero a mayo de este año, el Ayuntamiento de Gómez Palacio dio a conocer durante la reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad, que se habían registrado al menos 20 casos de falsas amenazas de tiroteos en los planteles educativos.
Se pone en marcha la campaña “No es un juego, es un delito”
Por ello, el Consejo aprobó la campaña “No es un juego, es un delito”, con el fin de prevenir ese tipo de situaciones, que aún y cuando resultan un engaño, generan pánico colectivo, estrés y ansiedad en estudiantes y docentes, movilización innecesaria de los cuerpos de emergencias, suspensión de clases, afectaciones psicológicas y sociales, así como riesgos reales para la seguridad escolar.
Mediante la campaña, se pretende la disminución de amenazas falsas en planteles educativos de los niveles secundaria y preparatoria, así como generar mayor conciencia sobre las consecuencias legales, ya que de acuerdo al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, por amenazas, se considera una penalidad de tres a un año de prisión y multa mientras que por el uso indebido de los sistemas de emergencia y de denuncia, se consideran de seis meses a dos años de prisión, así como una multa y reparación del daño.
Por daños, se contemplan de seis meses hasta 10 años de prisión y multa. Trascendió que se aterrizará en los planteles educativos, una vez que arranque el nuevo ciclo escolar 2026-2027.
