Empleada demanda por despido injustificado y denuncia represalias tras reclamar liquidación a ex diputado

Una trabajadora doméstica de 65 años denunció haber sido víctima de despido injustificado y de presuntas represalias por parte de su ex patrón, el empresario y ex diputado local Ricardo Saldívar, luego de reclamar el pago de la liquidación que, aseguró, le corresponde por más de cuatro años de servicio.

La afectada, Nadia de la Luz García Hernández, afirmó que tras promover una demanda laboral fue denunciada penalmente por un supuesto robo, acusación que rechazó, además de denunciar presuntas amenazas que han afectado su estado de salud.

La mujer explicó que laboró durante cuatro años y cuatro meses en el domicilio del empresario, donde realizaba diversas actividades domésticas. Señaló que, al ser despedida, acudió a entregar las llaves del inmueble y recibió como única propuesta de liquidación seis mil pesos.

Indicó que inicialmente creyó que esa cantidad sería entregada de manera provisional, pero posteriormente comprendió que era el monto total que pretendían pagarle, por lo que decidió acudir ante las autoridades laborales para reclamar la indemnización que considera legalmente le corresponde.

Reclama indemnización superior

García Hernández aseguró que, conforme al cálculo realizado durante el procedimiento laboral, la cantidad que debería recibir asciende a poco menos de 40 mil pesos, cifra que, dijo, el empresario rechazó cubrir.

Explicó que, al no alcanzarse un acuerdo en la instancia laboral, posteriormente fue denunciada por el presunto robo de diversos objetos, entre ellos una cadena de oro cuyo valor, según la acusación, supera varias decenas de miles de pesos.

La exempleada negó haber sustraído joyas u objetos de valor y sostuvo que los únicos artículos que retiró del domicilio fueron cartones, envases, trapeadores en desuso y otros materiales que, afirmó, eran considerados basura y cuyo retiro era conocido por la administradora de la vivienda.

Añadió que parte de ese material reciclable era utilizado por una de sus hijas, quien se desempeña como docente y lo aprovechaba para actividades escolares.

Denuncia amenazas y afectaciones a su salud

La trabajadora manifestó que, además de la denuncia penal, ha recibido llamadas telefónicas en las que presuntamente ha sido amenazada para desistirse de la demanda laboral.

Aseguró que durante esas conversaciones le advirtieron que tendría dificultades para conseguir un nuevo empleo y que incluso ella o su esposo podrían sufrir algún accidente, situación que dijo mantenerla preocupada debido a su edad y a los problemas de salud que padece.

Precisó que es paciente con diabetes e hipertensión y que, como consecuencia del estrés generado por el conflicto legal, ha requerido atención médica de urgencia en días recientes.

La mujer afirmó que durante toda su vida ha trabajado en distintos domicilios particulares sin haber enfrentado anteriormente acusaciones de esa naturaleza.

Señala antecedentes de otros conflictos laborales

Durante la entrevista, García Hernández sostuvo que conoce de otros exempleados que también habrían sido despedidos por situaciones similares, aunque dijo desconocer el número exacto de personas que actualmente mantienen diferencias con el empresario.

Relató que algunos trabajadores optaron por no presentar reclamaciones laborales, mientras que otros fueron separados de sus funciones por hechos relacionados con materiales que consideraban desechados por el propio patrón.

La afectada también aseguró que la denuncia penal en su contra fue presentada únicamente después de que ella inició el procedimiento laboral para reclamar su liquidación.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que consideren trabajar para Ricardo Saldívar a informarse previamente sobre las condiciones laborales que ofrece, al señalar que, en su experiencia, el trato cambia una vez que concluye la relación de trabajo. Cabe señalar que las declaraciones corresponden exclusivamente a la versión de la denunciante y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso legal.