Marcelo Torres Cofiño (archivo)
Mientras México enfrenta el reto de producir más, construir más, sembrar más y generar más empleos, miles de empresas viven bajo la sombra de la incertidumbre por el simple hecho de que trasladar el diésel que utilizan para operar su propia maquinaria puede convertirse en motivo de sanciones, detenciones o incluso acusaciones de robo de combustible.
Ante esta problemática, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir a las autoridades federales reglas claras que permitan distinguir entre los verdaderos delincuentes y las empresas que trabajan dentro de la ley.
“Combatir el huachicol es una obligación del Estado. Pero perseguir a quienes compran combustible legalmente para alimentar una excavadora, un tractor o una máquina industrial no fortalece la seguridad; únicamente castiga la productividad”, advirtió.
La propuesta plantea que la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitan criterios técnicos simplificados para otorgar un permiso especial a las empresas que trasladan entre 30 y 5,000 litros de combustible exclusivamente para abastecer maquinaria y equipo productivo.
Actualmente, sectores como la construcción, el campo, la minería y diversas industrias dependen del traslado diario de diésel para mantener en marcha su maquinaria.
Sin embargo, la ausencia de una regulación específica abre espacios a interpretaciones discrecionales y genera condiciones propicias para abusos durante las inspecciones.
Marcelo Torres explicó que esta iniciativa responde directamente a las inquietudes expresadas por organismos empresariales de La Laguna, quienes han solicitado seguridad jurídica para trabajar sin temor a sanciones arbitrarias.
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Se reafirma como la segunda ciudad más poblada de Coahuila, según el ImplanEl legislador recordó que las sanciones previstas por presuntas irregularidades pueden alcanzar multas millonarias e incluso penas de prisión, aun cuando las empresas trasladan combustible adquirido legalmente para consumo propio.
Por ello, además del permiso especial, el Punto de Acuerdo solicita establecer criterios uniformes para las inspecciones y definir claramente la diferencia entre quienes comercializan combustibles y quienes los transportan únicamente para autoconsumo operativo.
Torres adelantó que esta propuesta forma parte de una estrategia legislativa más amplia y que en las próximas semanas presentará una iniciativa de reforma legal para incorporar estas garantías de manera permanente en la legislación federal.
“Escuchamos a quienes producen, invierten y generan empleo. La ley debe darles certeza, no miedo. Vamos a seguir impulsando las reformas necesarias para que combatir el crimen nunca signifique obstaculizar a quienes hacen crecer a México”, concluyó.
