En alianza, UNAM y Conagua trazan ruta para recuperar el acuífero de La Laguna
Como parte de los avances en el cumplimiento de la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ganada por organizaciones civiles en 2023, que obliga a las autoridades a actuar en defensa del acuífero Principal de la Comarca Lagunera, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en un nuevo modelo de gestión en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre las acciones destacan la instalación de medidores telemétricos en pozos agrícolas proyectada para comenzar en este año, lo que permitiría el monitoreo en tiempo real de las extracciones y la definición de zonas aptas para recargas inducidas. El fallo histórico reconoció que la omisión de Conagua y Semarnat afectaba el derecho constitucional al agua y a un ambiente sano de los laguneros.
Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, destacó que el año pasado se realizaron 1,430 inspecciones en pozos, cifra superior a la registrada a nivel nacional.
“Tenemos mucho avance en la sentencia. Se realizaron inspecciones, cierres y análisis, y este año daremos seguimiento a los mayores aprovechamientos, que no llegan a 500”, explicó.
Uno de los pasos más relevantes ha sido la firma de un convenio con la UNAM, con una inversión inicial de 4.5 millones de pesos. El acuerdo contempla cinco años de colaboración técnica para desarrollar un modelo de gestión del acuífero basado en datos científicos.
Como parte de la estrategia, Conagua proyecta invertir 300 millones de pesos en la instalación de medidores telemétricos en pozos agrícolas de la región. Estos dispositivos registran en tiempo real el volumen de agua extraída y envían la información a plataformas digitales, lo que permitirá supervisar de manera remota, detectar irregularidades y clausurar pozos que excedan sus concesiones.
La meta es supervisar los pozos ubicados en las zonas más abatidas del acuífero, en municipios como Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, en Coahuila, así como Tlahualilo y Mapimí, en Durango.
El amparo 543/2022 fue promovido en 2019 por organizaciones civiles que denunciaron la sobreexplotación del acuífero y la presencia de arsénico en el agua subterránea, consecuencia del agotamiento de los mantos freáticos. Tras años de litigio, la Suprema Corte resolvió que los ciudadanos podían ampararse aun sin tener concesiones, al ser directamente afectados por la crisis hídrica.
La sentencia estableció ocho tesis jurisprudenciales que podrían beneficiar a otras comunidades en México con acuíferos sobreexplotados, marcando un precedente en la defensa del derecho humano al agua.
Los avances de Conagua en el cumplimiento de la sentencia 543 representan un esfuerzo por revertir décadas de omisiones y por garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a un recurso esencial para su bienestar y desarrollo.
