Ayuntamiento de Lerdo (ARCHIVO)
Este domingo 31 de mayo vence el plazo para que servidores públicos cumplan con su Declaración de situación Patrimonial y de Intereses de Modificación del ejercicio 2025 por lo que el contralor municipal de Lerdo, José Alonzo Villalobos de la Cruz informó que la respuesta de los funcionarios ha sido positiva, reportando hasta el momento un 70 por ciento de avance.
En ese sentido, advirtió que aquellas personas que no cumplan con esta obligación, establecida en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podrían enfrentar sanciones que van desde una amonestación o apercibimiento, hasta la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado.
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Villalobos de la Cruz, destacó el compromiso de la alcaldesa Susy Torrecillas por asegurar que todos los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con esta obligación, atendiendo un compromiso con la ciudadanía, de tener cero observaciones.
Para ello, mencionó que se cuenta con una ventanilla especial en la Contraloría, donde se brinda orientación a todos los trabajadores que requieran apoyo para completar su declaración.
Este trámite se debe realizar en la plataforma digital: https://declara.durango.gob.mx/#/
Se trata de un documento, a través del cual los servidores públicos transparentan su patrimonio y sus intereses, con la finalidad de que las autoridades competentes verifiquen su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos, así como su intervención en asuntos donde pudieran incurrir en conflictos de interés.
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De acuerdo con la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, las consecuencias por no declarar en tiempo y formato aplicable, son, exigirle a la persona trabajadora por escrito su presentación y en caso de incumplimiento, se le separará del encargo. Señala que es una falta administrativa y que será investigada para ser sancionada, con amonestación hasta suspensión sin goce de sueldo, destitución o inhabilitación para trabajar en el servicio público. Y si hay declaración de datos falsos, se considera una falta administrativa grave y la sanción puede ser desde una suspensión de 30 días hasta una destitución o inhabilitación hasta por 20 años.
