Todo empieza, tal vez, con sus manos. O al menos eso fue lo que Marco Rubio -hoy perdonado y convertido en su fiel secretario de Estado- insinuó durante el debate que sostuvieron en 2016, cuando ambos se enfrentaban por la candidatura a la Presidencia por el Partido Republicano. Según el cubanoamericano, su pequeño tamaño -que por supuesto hacía referencia a otra parte de su cuerpo- era un trauma que Donald Trump arrastraba desde niño y apuntaba a que ello lo volvía incapaz de gobernar al país. Sea como fuere, diez años después del embarazoso incidente, hoy México -y en realidad el mundo- está, en efecto, en su pequeñas manos, ferozmente sostenidas por las de su antiguo rival.
Pese a las reticencias de uno y otro, desde hace largo tiempo México y Estados Unidos conforman una unidad en incontables temas, empezando por el comercio bilateral y acabando con el otro lugar en donde también somos nuestros principales socios comerciales: el narcotráfico. Intentar ver a uno desprendido del otro es un despropósito que en buena medida ha sido responsable de las catástrofes que han sobrevenido entre los dos países. De un lado de la frontera -que solo lo es para los cuerpos, pero no para las mercancías, incluyendo las psicotrópicas- se extiende el mayor consumidor de drogas del planeta; del otro, el necesario lugar de producción y de tránsito de esas sustancias. La prohibición de las drogas impuesta por la nación más poderosa del planeta, derivada de un absurdo puritanismo que así jamás ha logrado evitar su tránsito y su consumo, es la causa de la guerra contra el narco, de los miles de muertos y desaparecidos y de la irremediable síntesis ocurrida entre las empresas exportadoras de droga -mal llamadas cárteles- y los distintos organismos del Estado que los protegen o cobijan.
La continuidad de la demanda, así como el sistema social organizado para satisfacerla -por no hablar de la riqueza que genera-, vuelve inevitable la asociación entre las fuerzas políticas y los criminales, al grado de que resulten, en muchas ocasiones, imposibles de diferenciar. De allí el fracaso continuado -la inagotable tragedia- de la estrategia: pensar que el Estado federal mexicano podrá acabar con este entramado es tan cínico como ilusorio. A casi veinte años del lanzamiento de la guerra contra el narco de Calderón, el sinsentido de todo lo que ha ocurrido desde entonces es evidente: un costo social y humano inaudito de un lado de la frontera para que del otro nada pase.
En este absurdo esquema, sin embargo, siempre habrá que fingir que la lucha tiene algún sentido. Y siempre habrá quien, en medio del drama, persiga su propia ventaja política. Pocos dudan que el gobernador con licencia de Sinaloa, un senador y otros tantos funcionarios estén coludidos con los delincuentes: no son los primeros ni serán los últimos. Se diría que, en este pavoroso modelo, más bien los políticos locales que no son parte del engranaje son la excepción. La arquitectura, diseñada por Estados Unidos a su antojo, parecería hecha justo para provocar la corrupción, que en realidad toca los dos lados de la frontera, por más que a los narcos y cárteles del otro lado -los responsables de la distribución a lo largo de todo su territorio- jamás se les llame así.
Si hoy México está contra las cuerdas no es porque haya cambiado nada en el esquema, sino porque Trump ha decidido, en un momento de nueva debilidad, aprovecharlo para tratar de volver a ganar votos con él. La extradición de Rocha Moya -como la de un caudal de capos- apenas alterará la dinámica del narcotráfico entre las dos naciones: su objetivo es, más bien, tener a Sheinbaum en sus manos. Porque, más allá de que pocos duden de su culpabilidad, sentaría un precedente irrevocable: cualquier otro político mexicano, de cualquier partido, podría seguir su camino. La cuestión no es, de pronto, de soberanía, sino de supervivencia.