(ESPECIAL)
Este lunes, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, compareció ante la Comisión Permanente.
El senador emecista Luis Donaldo Colosio criticó a la CNDH por no corresponder a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, mostrar un rezago de recomendaciones ante presuntas violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad y apoyar la prisión preventiva oficiosa y su ampliación pese a la incompatibilidad con la presunción de inocencia.
La diputada priista Ana Isabel González acusó que la CNDH presentó datos maquillados, cuando se atraviesa por un país ensangrentado, “lleno de balas” y donde se presentan desapariciones forzadas. Reclamó la falta de apoyo a grupos de búsqueda, la censura a los periodistas y falta de claridad en cifras de delitos en México que no son cuestionadas.
La senadora priista Anabell Ávalos cuestionó a la Comisión por no actuar ante la epidemia de sarampión que sacude México, así como de no pedir cuentas al gobierno sobre la prevención de delitos y de guardar silencio tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
El diputado petista Reginaldo Sandoval defendió la actuación de la CNDH, refiriendo que se está construyendo el Estado del bienestar y señaló que la autoridad no actuara en casos de violaciones a los derechos humanos de gobiernos anteriores.
Luego de recibir cuestionamiento de la oposición y el apoyo de la mayoría oficialista, Rosario Piedra Ibarra manifestó que el fenómeno de la desaparición exige nuevas estrategias y enfoques para su atención.
“Las quejas contra autoridades federales ya no señalan estos actos directos de desaparición forzada, sino omisiones en la investigación y la búsqueda”.
Aseguró que en todo 2025 no se recibieron quejas que acreditaran participación de autoridades federales en desaparición forzada, siendo los “pocos” casos donde hubo intervención de autoridades ocurrieron en el área municipal.
Piedra Ibarra tomó la palabra para defender su actuación, llamando a acudir ante los quejosos y recordó a los legisladores que constitucionalmente no tiene autoridad para hacer obligar las recomendaciones, “No son vinculantes y porque así lo concibieron Carpizo y Salinas de Gortari”.
Descartó que sobre las quejas contra instituciones como la Sedena y la Guardia Nacional no sigan protocolo y rechazó demandas de desatención, "Por no ser función de la CNDH".
