Entra en vigor eliminación de pensiones doradas en México
El Gobierno federal formalizó este viernes la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, tras la publicación del decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se reforman y adicionan disposiciones del artículo 127 de la Constitución para establecer nuevos límites a las jubilaciones de servidores públicos.
La medida tiene su origen en la iniciativa enviada en febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado, en la que se planteó fijar un tope claro: las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no podrán superar el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, salvo en casos contemplados dentro de las condiciones generales de trabajo.
Con esta reforma, el Gobierno estima recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a los Programas para el Bienestar.
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La entrega se realiza a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza que los recursos lleguen sin intermediarios y con transparencia a cada derechohabienteEl decreto también refuerza el principio de austeridad en el servicio público al establecer que ningún funcionario podrá percibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República. Asimismo, se precisa que ningún subordinado podrá ganar igual o más que su superior jerárquico, salvo en situaciones específicas, como la acumulación de varios cargos, trabajos técnicos especializados o condiciones laborales previamente establecidas.
Incluso en estos casos excepcionales, la suma de ingresos no podrá rebasar la mitad del salario presidencial, lo que busca cerrar espacios a interpretaciones que permitan ingresos excesivos dentro del aparato público.
No obstante, la reforma contempla ciertas excepciones. Quedan fuera de estas restricciones las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aquellas financiadas mediante aportaciones sindicales, y la pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional.
Con esta publicación, el Gobierno federal consolida uno de sus principales planteamientos en materia de austeridad, en un intento por ajustar el gasto público y responder a las críticas sobre los altos beneficios que históricamente han recibido algunos exfuncionarios.
