Ante el rechazo público de la ciudadanía y el miedo de las compañías telefónicas cómplices del Gobierno Federal, se ha extendido una prórroga para realizar quizá el registro público más controversial de las últimas décadas, que es el registro del número celular.
La prórroga en esta ocasión-más allá del 30 de Junio como fecha límite original-se extiende hasta el mes de Diciembre de este año y se supone que se realizaría por mes, de acuerdo con el ultimo digito del número telefónico.
La excusa para hacerlo por parte del régimen sería el "combatir la extorsión telefónica"-es muy dudoso que los criminales dentro y fuera de los penales en el país registren su número real-aunque en realidad se trataría de un tercer intento de control y vigilancia ciudadana través de un Padrón. Algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había prohibido, declarándolo inconstitucional por ser una violación directa a la privacidad del ciudadano tanto en el 2009 como en el 2021.
Ahora que la Corte ha dejado de ser un Poder autónomo para convertirse en instrumento dócil del Poder Ejecutivo, es dudoso que esta garantice este derecho, aun y cuando el fundamento jurídico para hacerlo sigue en pie pues el Artículo 16 de nuestra Constitución establece todavía como vigente el derecho a la protección de los datos personales.
Aún así, la cuestión se vuelve bastante complicada, como lo asienta Oscar Constantino Gutiérrez como experto en Derechos Humanos:
"El famoso principio de proporcionalidad exige que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales debe ser idónea, necesaria y proporcional al fin que persigue. Vincular masivamente los datos de 144 millones de líneas telefónicas para combatir la extorsión es desproporcionado: hay formas menos invasivas de lograr el mismo objetivo. La Corte ya lo dijo dos veces y el argumento sigue siendo el mismo hoy.
El problema es que el tribunal que hoy tendría que aplicarlo es el mismo que ha fallado sistemáticamente a favor del Ejecutivo. Las dos veces anteriores había jueces independientes. Esta vez no los hay".
Sin embargo, justo a una semana de que venciera el plazo original que se había impuesto para que millones de mexicanos registren su línea, el Diputado local de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, encabezó la presentación de una serie de amparos masivos para evitar la entrega de datos personales a las compañías telefónicas.
Los recursos, que ya fueron entregados a un juez federal, incluyen la solicitud de suspensión provisional para efectos de que cese la presión de las empresas para proceder al registro y que en caso de no proceder a hacerlo, no se les quite el derecho a tener línea telefónica, usar datos de Internet y aplicaciones.
De hecho, fue el miércoles 24 de junio que el legislador presentó los primeros amparos que, aseguró, no son sólo contra el registro telefónico celular, sino en contra de la ley espía, ya que la base de datos telefónica, de acuerdo a la ley, se conectará con diversas autoridades de seguridad y fiscales, según expuso:
"El gobierno dice que es para dar seguridad; no, es para espiar. A ver, incluso en la ley expresamente pusieron que las compañías telefónicas deben almacenar nuestra geolocalización por dos años.
El régimen cree que con una prórroga ha comprado tiempo. No comprende que el reloj no corre contra los ciudadanos: corre contra ellos. Cada día adicional será un día de resistencia, organización y amparos. Mientras ellos cuentan las horas para someternos, nosotros contaremos las firmas de los mexicanos que han decidido permanecer libres.
Desde Chihuahua hemos comenzado a tramitar un amparo masivo, el más grande en la historia de México, para cancelar el registro de celulares… Los mexicanos no queremos una nueva fecha para obedecer. Queremos cancelar, aplastar y echar a la basura el registro de celulares".
Lo que subyace aquí es que el Gobierno entiende la realidad al revés de cómo debería, pues siendo nosotros ciudadanos libres no le corresponde saber ni tener ningún tipo de información de nuestros datos biométricos ni nuestras vidas, que son privadas; mientras que en contraparte, son los servidores públicos quienes sí están obligados a que los ciudadanos sepamos todo sobre ellos.
