Ernesto Ruffo deja el Altiplano; seguirá proceso por presunto huachicol en prisión domiciliaria
Una jueza federal otorgó este viernes la prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.
La medida sustituye la reclusión que cumplía desde julio en el penal federal del Altiplano, pero no cancela el proceso penal ni representa una absolución.
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió modificar la medida cautelar impuesta al exmandatario.
De acuerdo con la defensa, el traslado de Ruffo, de 74 años, quedará a cargo de la Guardia Nacional y deberá realizarse a más tardar el lunes, cuando será llevado bajo custodia a su domicilio en Ensenada, Baja California.
Durante una audiencia de casi tres horas, los abogados del exgobernador presentaron dictámenes médicos y otros documentos para acreditar su estado de salud. También argumentaron, según la defensa, que no existe riesgo de fuga ni de obstaculización de las investigaciones.
Aun con este cambio de medida cautelar, Ruffo seguirá vinculado a proceso mientras la FGR mantiene abierta la investigación complementaria por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y conductas ilegales relacionadas con hidrocarburos.
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El exgobernador fue detenido el 16 de julio en Ensenada y una semana después fue vinculado a proceso junto con otros acusados.
La FGR lo identifica como uno de los supuestos dirigentes de una estructura que introducía combustibles de Estados Unidos a México mediante ferrotanques y declaraciones aduaneras falsas o incompletas.
Según la Fiscalía, la organización operaba con una red empresarial y logística para importar, distribuir y comercializar hidrocarburos sin pagar las contribuciones correspondientes, una práctica conocida en México como “huachicol fiscal”.
La defensa sostiene que Ruffo no tenía funciones operativas ni de dirección en la empresa Ingemar, señalada por la Fiscalía dentro de las operaciones investigadas.
La prisión domiciliaria incluye restricciones para evitar contacto con personas relacionadas con la causa y mantiene abierto el proceso judicial.
La jueza había fijado seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía todavía puede incorporar nuevos datos de prueba al expediente penal federal.
