El Estado mexicano es causante de más de la mitad de las agresiones contra defensores del medio ambiente. De esta manera sucedió en 2025. Diversas autoridades federales, estatales y municipales, así como policías y fiscalías, tuvieron participación en 76 de los 135 eventos de agresión documentados de ese año. La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros. Al menos diez personas fueron asesinadas en esos doce meses por realizar la labor de proteger la tierra, el territorio y el patrimonio natural. Ciudad de México, Puebla y Oaxaca son los estados con mayor riesgo para la labor de defensa del medio ambiente. ¿Cuál será el informe de 2026?
El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor de personas y comunidades que defienden el medio ambiente en México.
Luego de doce años consecutivos documentando estos hechos de violencia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reitera su preocupación por la falta de una política pública que desde el gobierno ponga en el centro a las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la riqueza natural del país.
Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas.
En las definiciones metodológicas, una persona defensora de derechos humanos ambientales y territorio es aquella que, colectiva o individualmente, actúa en favor del medio ambiente y/o la tierra y el territorio. Un evento de agresión es el lapso durante el cual ocurren una o más agresiones en contra de una o más víctimas. Una agresión específica es la conducta específica que encuadra en la definición de un tipo de agresión en particular.
Es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año 2024, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total.
En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas y no se registraron ejecuciones extrajudiciales -asesinatos perpetrados directamente por orden de algún agente del Estado-.
Es importante precisar, sin embargo, que el hecho de que no haya datos, no necesariamente implica que este tipo de agresión no haya ocurrido.
También es probable que exista un subregistro en el número de homicidios, toda vez que este informe se nutre tanto de información pública como de información proporcionada directamente por personas y colectivos víctimas de agresiones e incluso de testimonios aportados por sus familiares o personas cercanas con consentimiento informado, quienes, en diversos casos, han manifestado temor a denunciar agresiones por miedo a represalias.
Como ya se señaló, el gobierno fue, una vez más, el principal agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos ambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión; 56.2%, correspondiente a 76 eventos.
La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos, 9.6%, seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos; 8.8%.
Los sectores de mayor riesgo para la labor de defensa ambiental durante 2025 fueron el hídrico, con 29 eventos de agresión, el de biodiversidad con 22, el de vías de comunicación con 18 y el sector energético con 16.
Los ámbitos de defensa que arrojaron mayor número de eventos de agresión fueron la defensa del agua con 59, el territorio con 41 y del suelo con 32.
Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17.
La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2%.
Sin embargo, Jalisco también arrojó datos alarmantes, dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas. En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas.
Las principales víctimas de agresiones con motivo de su labor de defensa durante 2025 fueron los integrantes de la sociedad civil y los miembros de la comunidad, representando 74.7 % de los registros.
Durante 2025 destacó particularmente el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales.
Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante.
Las agresiones se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y CEMDA:
En 2025, 158 víctimas de agresiones correspondieron al sexo y género masculino, 89 al sexo y género femenino, y en 76 casos no pudo determinarse este dato debido a la falta de información necesaria para su identificación.
Destaca el aumento del 61.8% de las víctimas identificadas con el género y sexo femenino respecto a las cifras documentadas en 2024, lo cual sigue evidenciando la violencia estructural hacia las mujeres.
Las agresiones en su contra consisten principalmente en la intimidación, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, la violencia de género, la criminalización y la estigmatización.
¿Y el Acuerdo de Escazú?
@kardenche