(ARCHIVO/EL SIGLO DE TORREÓN)
Registros públicos del Poder Judicial de la Federación revelaron que Roberto Escalante González, exgerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas), promovió un juicio de amparo indirecto contra una posible orden de aprehensión, detención, arresto o cualquier otro acto privativo de la libertad.
De acuerdo con las constancias consultadas en el sistema público de expedientes federales, el juicio de amparo 1434/2026 fue presentado el 21 de septiembre ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna y admitido al día siguiente. Posteriormente se promovió la queja 328/2026, identificada públicamente a nombre de Roberto Escalante González, en contra de la resolución mediante la cual se negó la suspensión provisional.
La existencia de este juicio no significa que exista una orden de aprehensión ni acredita responsabilidad penal alguna. El procedimiento de amparo permite precisamente que la persona promovente reclame posibles actos que afecten su libertad y que las autoridades señaladas informen al órgano jurisdiccional acerca de su existencia.
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El organismo ha renovado parte de los equipos de rebombeo sanitario y mantiene labores de sondeo y desazolve en distintos sectores, mientras proyecta nuevas plantas tratadorasEl diputado local Antonio Attolini Murra señaló que la relevancia pública del expediente radica en que Escalante salió de la gerencia del SIMAS en julio, cuando fueron dados a conocer pasivos por 2 mil 081 millones 126 mil pesos, después de que apenas al cierre de marzo el organismo había reportado 354.2 millones de pesos de pasivos de corto plazo. El Consejo Directivo rechazó por unanimidad el informe financiero presentado al cierre del primer semestre y Escalante presentó su renuncia.
“Presentar un amparo es un derecho constitucional y no convierte a nadie en culpable. Pero esta información abre una pregunta pública que las autoridades tienen que responder: ¿Qué investigación o procedimiento hizo que Roberto Escalante considerara necesario promover un amparo contra una posible orden de aprehensión o detención?”
Attolini afirmó que el asunto central continúa siendo el esclarecimiento de las cuentas del organismo operador del agua.
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El organismo busca convenios de pago con ambas dependencias mientras asegura que actualmente puede cubrir sus compromisos ordinarios“En marzo se presentó un informe con 354 millones de pesos de pasivos de corto plazo y tres meses después conocimos un pasivo superior a 2 mil 81 millones. La pregunta es muy sencilla: ¿Quién elaboró esos estados financieros, quién los firmó, quién los revisó, qué obligaciones no estaban siendo reflejadas y desde cuándo existían?”
El legislador recordó que la Auditoría Superior del Estado tiene entre sus atribuciones legales revisar y fiscalizar los Informes de Avance de Gestión Financiera de los organismos públicos, por lo que consideró indispensable determinar qué información recibió sobre SIMAS, qué análisis practicó y si existieron inconsistencias que debieron advertirse con anterioridad.
Attolini precisó que la diferencia entre los estados financieros debe investigarse antes de atribuir jurídicamente la comisión de un fraude, y sostuvo que corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo ocultamiento de pasivos, falsedad en información financiera, desvío de recursos, responsabilidades administrativas o algún delito.
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Antonio Attolini denunció la ubicación de al menos 10 presuntas empresas fantasma en Torreón ligadas a pagos y contratos irregulares en Simas“Yo no estoy sustituyendo a un fiscal ni a un juez. Estoy haciendo las preguntas que Torreón merece que sean contestadas. Si las cifras fueron correctas, que expliquen cómo se generó esa diferencia. Si fueron falsas o incompletas, que se determine quién las elaboró y quién tenía la obligación de detectarlo”, expresó.
El diputado recordó además que ya existen antecedentes de denuncias y solicitudes de investigación relacionadas con operaciones del SIMAS y que el Congreso de Coahuila aprobó una auditoría especial al organismo.
“Lo que no puede continuar es el silencio. Roberto Escalante dejó el organismo después de conocerse una crisis financiera monumental y, dos meses después, aparece promoviendo un amparo contra posibles actos que afectarían su libertad. Eso merece una explicación institucional, no especulaciones.”
Attolini pidió que la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y las autoridades municipales informen, dentro de los límites que permite la ley, qué investigaciones existen, qué periodos y contratos comprenden y qué actuaciones se han realizado para deslindar responsabilidades por la situación financiera del SIMAS.
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